Después de revisar diversos medios de comunicación, redes sociales y la página web del Ministerio de Educación, es evidente que no se encuentra ninguna información temática o documento que permita dar seguimiento a las conclusiones de los más de 293 eventos distritales y 9 departamentales. Resulta preocupante que las 2.852 actas de mesas de trabajo no se conocen ni están disponibles para el acceso público en ningún medio.
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Desafortunadamente, la carencia de información oficial (transparencia) provoca una percepción de reserva en torno al Congreso Plurinacional de Educación 2024. Al revisar las notas de prensa en el sitio web del congreso, solo hallamos 16 noticias: 13 enfocadas en Potosí, 1 sobre el Beni y 2 relativas a Pando. Los medios de comunicación han cubierto los actos inaugurales, pero no el desarrollo de los eventos.
La única información proporcionada por el Ministerio de Educación, es una resumida información estadística, entre las que se encuentra la distribución de los participantes en los eventos departamentales: 66% son delegados de las Instituciones Educativas, 22% representan Organizaciones Sociales Sindicales, 7% provienen de Instituciones del Estado, 3% son Invitados Especiales y 2% pertenecen a Organizaciones Indígenas Campesinas. Estos porcentajes generan una sensación desalentadora, al observar que los sectores más necesitados de soluciones educativas ocupan los últimos lugares en representación, incluso por detrás de los invitados especiales (Iglesias, ONGs y Cooperación).
Es preocupante que las organizaciones indígenas campesinas, históricamente excluidas del acceso a la educación, sean relegadas a un papel tan secundario en estos espacios. Su limitada participación no solo pone en duda la equidad de representación en un evento que pretende ser inclusivo, sino que también plantea interrogantes sobre la verdadera voluntad de abordar los problemas estructurales relacionadas con el derecho universal a la educación.
Un evento de tanta importancia para el ámbito educativo requiere abrirse a la sociedad, involucrarla y hacerla partícipe, generando espacios de diálogo para convertir un evento de representantes en un amplio debate colectivo, participativo, comunitario y de intercambio. En este sentido, era necesario que las instancias técnicas del Ministerio de Educación hubieran previsto una plataforma virtual con las conclusiones distritales y departamentales para convertir los documentos finales en insumos de análisis y seguimiento para la sociedad en general. No difundir los resultados de los congresos regionales, lleva a dar un carácter reservado al congreso educativo, le quita la posibilidad de ser un espacio participativo y lo reduce, como en la época neoliberal, a un evento tecnocrático.
Asimismo, construir el futuro de la educación debe ser un proceso continuo de cuestionamiento y reflexión, similar a lo que se logró con los Encuentros Pedagógicos, organizados anualmente. Estos encuentros facilitaron un debate constante sobre la implementación de la Ley 070. Por tanto, es crucial entender que el congreso no debería considerarse como un evento aislado o final, sino como el comienzo de un nuevo proceso de búsqueda de soluciones a las problemáticas educativas, que, por su naturaleza, son intrínsecamente dinámicas.
Para que el Congreso Plurinacional de Educación cumpla con su propósito, es fundamental que se garantice un acceso abierto y transparente a la información relacionada con los eventos distritales y departamentales. La publicación de las actas de las mesas de trabajo debe ser una prioridad para fomentar el análisis público y permitir un seguimiento adecuado de las propuestas educativas.
(*) Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación
