Los 19 días de bloqueos de carreteras han agravado severamente la escasez de combustibles, alimentos, medicamentos y otros productos de primera necesidad, ocasionado por la crisis económica y los incendios en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. A todo eso se han sumado ahora las calamidades provocadas por los bloqueos en el departamento de Cochabamba.
Los daños materiales se estiman hasta ahora en cifras que se acercan a los $us 2.000 millones, pero quizás sea aún más grave el tremendo daño infligido al sistema institucional, la degradación consiguiente del Estado de derecho y el hundimiento moral del sistema político.
El reconocimiento explícito de la crisis económica por parte de Evo Morales, no le ha impedido ordenar los mencionados bloqueos con el único propósito de que se retiren todos los cargos y demandas judiciales en su contra por delitos de abuso sexual, y que se lo habilite sin bases legales suficientes como candidato en las elecciones generales de agosto 2025. Se trata sin duda de demandas que no se justifican ni legal ni moralmente.
El bloqueo de caminos no es un derecho constitucional. Aunque la protesta social en términos pacíficos está reconocida en la legislación boliviana, el bloqueo de caminos es un exceso que no está permitido, y mucho menos cuando los motivos que lo promueven son de índole estrictamente personal y no traen consigo ningún beneficio colectivo.
Los tales bloqueos tienen asimismo otras consecuencias que no siempre son reconocidas. En efecto, a nadie le debería extrañar la exclusión del país de las carreteras bioceánicas, precisamente en razón de que Bolivia no garantiza el libre tránsito permanente por nuestro territorio, debido a la frecuente instalación de bloqueos.
Del autor: El corto y el largo plazo empiezan juntos
Por consiguiente, no hay gestión diplomática que pueda salvar la exclusión de Bolivia de dichas interconexiones bioceánicas, mientras el país no prohíba de manera verificable el bloqueo de carreteras como método de lucha social.
Una economía relativamente pequeña como la boliviana no puede desconocer los condicionamientos que se derivan de su ubicación geográfica, y de las necesidades geopolíticas de sus vecinos más próximos.
Mientras el mundo está cambiando a un ritmo mucho más acelerado que en el pasado como consecuencia de la revolución tecnológica, la inteligencia artificial y la imperiosa necesidad de encontrar respuestas al cambio climático, Bolivia ha sido secuestrada en medio de una pulseta de trágicas consecuencias, con el objetivo exclusivo de habilitar a uno de los contendientes en las elecciones de agosto de 2025.
Mientras tanto en la Cumbre Mundial de la Biodiversidad (COP16), que se llevó a cabo en Cali (Colombia), se ha adoptado una iniciativa de la mayor importancia para el desarrollo futuro de nuestro país. En efecto, con miras a que el aprovechamiento de las reservas de minerales críticos para la transición energética global no se traduzca en lesiones a los ecosistemas de los países amazónicos, se ha decidido constituir un grupo de trabajo para la elaboración de un plan de explotación de dichos minerales y tierras raras, en forma responsable, que fortalezca la capacidad técnica y científica de los países involucrados, y establezca un marco internacional vinculante sobre trazabilidad, transparencia y rendición de cuentas a lo largo de toda la cadena de valor de dichos minerales y tierras raras. Dicho plan será presentado formalmente en el marco de la Cumbre sobre cambio climático (COP 30), que tendrá lugar el próximo año en Belén de Pará (Brasil).
Y así también en otros escenarios geopolíticos se vienen negociando aspectos sustantivos de los nuevos acomodos del orden internacional, que el país debería monitorear con seriedad en lugar de buscar apoyos circunstanciales que no contribuyen a la defensa de los intereses nacionales en el mediano y largo plazo.
*Horst Grebe es economista
