La caserita ya no vende el kilo de tomates al mismo precio, dice —¡vaya sorpresa!— que la guerra entre Rusia y Ucrania es la culpable. Está actualizada. Dice que también no hay dólares. Dice también que no hay combustibles. Y ahora dice que los bloqueos son los culpables. No hay Intendencia que pueda frenarla.
El país está así desde hace más de un año. A río revuelto, ganancia de pescadores.
Como los precios del arroz, la gasolina, el diésel o el gas licuado son más convenientes en mercados de países vecinos, especialmente Perú, los comerciantes se han innovado y ya no internan mercadería de contrabando, ahora la “exportan”. El Gobierno ha comenzado a calificar el negocio como “contrabando a la inversa” y ha dispuesto controles, aunque no efectivos. Así, los productos se vacían en el mercado o se disparan en precios. Y cuando los interceptan en la frontera, los contrabandistas dicen que las autoridades no les dejan trabajar.
El mercado se mueve de acuerdo a las circunstancias y, ahora que la crisis económica es evidente, sus precios superan la capacidad de los bolsillos. No hay freno legal posible y la situación de los bolivianos empeora día a día.
Son fenómenos que se cruzan. Antes de los bloqueos, los incendios en el país —que arrasaron con más de 10 millones de hectáreas— eran la preocupación. La industrias agropecuaria y agrícola se hicieron la del otro día, los colonizadores también. No se entiende cómo puede haber gente que se ocupa de encender, gasolina en mano, inmensas tierras, día a día. No es el cambio climático, es el hombre y su ambición.
De ambiciones también está alimentada la política. La disputa interna en el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene ese trasfondo. El conflicto partidario hizo mella en el trabajo de la Asamblea Legislativa y en la misma gestión del presidente Luis Arce. El expresidente Evo Morales se ha convertido en el líder de la oposición.
Esa disputa ha puesto en vilo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que sufre —más allá de los estatutos del MAS— la presión de las facciones por la validación de sus congresos (Lauca Ñ y El Alto) y la preservación de la sigla. La situación ha llegado al extremo de la injerencia de otro órgano, el Judicial, que de manera sucesiva lo obligó a cumplir hasta instrucciones en el caso.
Ni hablar de las elecciones judiciales. El TSE y la Asamblea Legislativa fueron blanco permanente de recursos que frenaron su trabajo. Sin embargo, fue el Tribunal Constitucional el que puso patas arriba la situación institucional; todo gira sobre sus decisiones: la suspensión de los comicios en 2023, la continuidad de los magistrados y consejeros más allá del plazo de su mandato, y otras determinaciones polémicas.
Para mal de males, el país sufrió hasta ayer 23 días de bloqueo de parte del ala evista del MAS. Motivada por la situación de crisis, la protesta fue instalada también por la candidatura de Morales y el retiro de procesos en su contra.
Rubén Atahuichi es periodista
