El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”.
Al menos desde 2017, el TCP ha sido protagonista de las dramáticas transformaciones del país, cuyas instituciones sufren un desorden que incluso afecta la democracia. Entonces, emitió la Sentencia084/2017 con la que validó una segunda respostulación, en 2019, del presidente Evo Morales, que había sido elegido bajo esa Constitución en 2009 y 2014.
No hubo entonces poder institucional alguno que pudiera revertir la decisión y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tuvo que cumplir ese mandato y habilitar al líder del MAS para una nueva reelección. Es otra historia el resultado de esos comicios.
Siempre hubo presión política en sus acciones, como en 2019, cuando —en la crisis poselectoral— afanosamente Luis Vásquez, otrora presidente del Senado, cabildeó con algunos magistrados para sustentar la “sucesión” de la senadora Jeanine Áñez. El resultado, fue solo un comunicado (que invocó oficiosamente la Declaración Constitucional 0003/2001), aunque suficiente para validar el golpe de Estado de entonces.
Más tarde, en otra acción similar, validó la prórroga de mandato de Áñez y los miembros de la Asamblea Legislativa. Esta decisión es usada por la antigua senadora para decirse expresidenta constitucional.
En el pasado reciente, la Sentencia Constitucional 049/2023 removió no solo la arena política del país, sino que puso en vilo la institucionalidad judicial y constitucional. Con ese fallo, el TCP —luego de meses de consideración— anuló las elecciones judiciales de 2023 y, lo peor, prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017, por encima del mandato constitucional de seis años.
Hace unas semanas, en coincidencia con el final de la prórroga, el TCP ahondó la situación al admitir un recurso y disponer elecciones judiciales parciales a través de sendas decisiones, la Sentencia 0770/2024-S4 y el Auto 084/2025-ECA-S4.
Por encima del principio de preclusión, el TCP obligó al TSE a organizar comicios parciales (solo se elegirán 19 de 26 cargos), el 15 de diciembre, y dejó en suspenso una eventual segunda votación. Para 2025 están previstas las elecciones generales, con las que no puede colisionar otro proceso.
Lo último. El TCP se ha sobrepuesto al TSE y reconoció un congreso del MAS no registrado, como la dirigencia de Grover García. Además, le puso tres cruces a una eventual candidatura de Evo Morales.
Sus actuaciones implican un suprapoder que rige a todos los órganos del Estado y no hay institucionalidad que lo frene.
*Rubén Atahuichi es periodista
