El Presupuesto General de un Estado (PGE) debe ser discutido públicamente y aprobado por el Órgano Legislativo, puesto que su contenido se constituye en la declaración objetiva de las intenciones políticas y las prioridades del Gobierno. Si esto no ocurre, se vulnera uno de los principios centrales de la democracia. Éste es el riesgo que actualmente enfrentamos si se concreta el plan gubernamental de repetir lo ocurrido en 2023, cuando el presupuesto se aplicó por decreto y sin debate de la Asamblea Legislativa.
Varias son las señales en ese sentido. El vicepresidente David Choquehuanca retuvo el proyecto de ley del presupuesto desde el 30 de octubre, remitiéndolo al Legislativo 12 días después. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, hasta el momento no convocó a sesión para tratar el presupuesto, y en su lugar, el Vicepresidente convoca a sesión para discutir las vacaciones de fin de año. Torpes maniobras que solo generan mayor indignación social y deslegitiman aún más el gobierno del presidente Luis Arce.
Son muchas las críticas que, desde diversos sectores, se han expresado al documento presentado como Proyecto de Ley del PGE 2025, que no presenta una estrategia clara para afrontar la grave crisis económica; pero el tema que aquí me ocupa es la denuncia realizada por las organizaciones feministas sobre la significativa reducción de recursos para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.
Según el presupuesto presentado para la gestión 2025, el Gobierno destinará tan solo 0,35% del total de su inversión para la lucha contra la violencia, consolidando una reducción del 76% en comparación con la gestión 2024. Y este esfuerzo fiscal en un 77% es aportado por los gobiernos municipales (obligados por ley). El Ejecutivo —que ha anunciado en una serie de eventos que la violencia contra las mujeres es de prioridad nacional— ha registrado una intención de gasto de tan solo el 0,02%. Claramente, los festejos del Bicentenario son más importantes que la vida de las mujeres.
Pues, en este Bicentenario las mujeres no tenemos nada que celebrar si, como cada año, la Fiscalía General del Estado a noviembre del 2024 registra 73 feminicidios, 45.396 hechos de violencia familiar o doméstica, 3.390 delitos de abuso sexual y 6.939 violaciones de mujeres y niñas. Frente a estas estadísticas que deberían generar políticas públicas contundentes, el Estado boliviano ha reducido aún más su inversión.
La reducción del presupuesto proyectado para 2025 impactará en toda la política de género del Estado. Los gobiernos municipales, altamente impactados por la reducción de los impuestos a los hidrocarburos, harán lo mínimo para sostener de manera precaria los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM). En la Policía, la FELCV contará aún con muchos menos recursos para auxiliar, menos aún investigar y aprehender a los responsables de hechos de violencia hacia las mujeres. Qué podemos decir del Ministerio de Justicia, que ha destinado el 3,4% de su presupuesto a esta problemática; y menos aún ha planificado invertir en prevención el Ministerio de Educación, que plantea el 0,65% de su presupuesto en temas de violencia de género.
Esto es desolador. Ya no es necesario abrogar la Ley 348 para confirmar que la violencia por razones de género en Bolivia es impune. Ya podemos resignar el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, que nos prometía la acción del Estado para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género. Este potente acuerdo social que generó tanta ilusión y comprometió a las mujeres con la nueva Constitución, se ha ido diluyendo con los años, y hoy el PGE refleja el auténtico compromiso político del Gobierno con la vida de las mujeres.
Lourdes Montero
es cientista social.
