Resulta absurdo votar cuando no se sabe a quién se vota, porque no se les conoce; más cuando ni siquiera se sabe bien para qué se vota, porque se desconfía profundamente de las candidaturas; y, además, votando de forma incompleta y con un gasto igualmente millonario en momentos de crisis o inestabilidad económica. Así ocurrió este 15 de diciembre en Bolivia, lo que constituye una degradación de la democracia que fue una conquista que ha costado sangre y lágrimas, de manera más dura aún para las mujeres.
Al cierre de esta columna de opinión, se conoce que el domingo pasado hubo gran afluencia de votantes. Nada nuevo ya que en Bolivia el voto es un derecho y una obligación y quien no cumple recibe multa. Por tercera vez en la historia, se elegían de forma paritaria (con alguna mayoría masculina) a las magistraturas del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, pero de forma incompleta ya que, de manera muy cuestionada, se elegía a 19 de 29 altísimos cargos. Los no electos se les denomina “autoprorrogados” y se les suele acusar de aferrarse al puesto por razones políticas.
Se han gastado más de 200 millones de bolivianos (cerca de 30 millones de dólares que en un país como Bolivia es mucho) en unas elecciones en que históricamente gana el voto nulo o el blanco, ya que éstos en las elecciones de 2011 alcanzaron el 57% y en 2017, el 65%. Es evidente que esto no funciona muy bien y que eso hace mucho mal a la democracia.
En 1844 hubo las primeras elecciones presidenciales en Bolivia, aunque por “voto cualificado” (léase: “discriminador”), hasta que en 1956 hubo la primera elección con voto universal, es decir que, por primera vez, pudieron votar las mujeres y también los indígenas, sea cual fuere su renta o su grado de instrucción.
Así, Bolivia se unía a la apertura hacia la vida pública de las mujeres, ya que la lucha sufragista feminista del mundo occidental había ido logrando el acceso al voto femenino país a país, siendo el primero Nueva Zelanda en 1893, luego Australia en 1902, la lucha más conocida está en el Reino Unido que logró el voto para las mujeres en 1918 y 1928; lo mismo que en Estados Unidos en 1920. En Latinoamérica, Ecuador fue el primero en 1929, seguido por Brasil en 1932, Cuba en 1934 y Argentina en 1947. Quién diría, la moderna Suiza permitió votar plenamente a las mujeres en 1971 y la conservadora Arabia Saudita el pasado 2015.
Detrás, de estas fechas y datos que suenan anecdóticos, hay una lucha intensa de las feministas y una conquista que hace posible que las mujeres sean consideradas ciudadanas pensantes y decisoras, no una especie de infantes tutelados por sus padres o sus maridos. Lo mismo para las poblaciones indígenas que, hasta entonces y en algunas mentes hasta ahora, eran consideradas inferiores. En un estado de derecho, el voto es una conquista capital y que hoy sea obligatoria la paridad también lo es, ya que asegura el acceso a espacios de poder a las mujeres haciendo frente o intentando desmontar una estructura patriarcal instalada.
Entre 1964 y 1982 en Bolivia gobernaron varias dictaduras militares y la recuperación de la democracia costó exilio, desapariciones, tortura y sangre de hombres y de mujeres. En 2006 el voto permitió que llegara al poder un indígena y que sean las organizaciones sociales, esa “indiada”, las que gobiernen transformando sustancialmente la sociedad boliviana y modificando, para muchos sectores, su presencia en espacios de poder.
Parte de las reformas de la última década hicieron posible que se elija por voto popular a las máximas autoridades judiciales. Siempre hubo una complicidad de clase y de tipo político entre los tres poderes del Estado, cuando era el Legislativo el que nombraba al Judicial, y ahora esto se reproduce de manera más compleja. Al elegirse las magistraturas por voto popular, la pugna política hizo que, en este 2024, se haya llevado a cabo “un proceso electoral incompleto, con elecciones mutiladas y un Tribunal Electoral asediado”, según palabras de su máximo representante, Oscar Hassenteufel. Lo que pone en riesgo a la democracia.
Si quienes son responsables de garantizar un ejercicio democrático creíble para la población provocan, al contrario, una imagen degradada de las elecciones, pueden ocasionar la aparición de alternativas políticas muy peligrosas y tendrán que cargar con ello.
