Iniciamos la gestión educativa 2025 con las interrogantes sobre las conclusiones del Congreso Educativo de noviembre de 2024. Al finalizar el anterior año, el balance gubernamental, se centró en el cumplimiento parcial del calendario escolar (que incluyó un mes de vacaciones extraordinarias) y el pago del Bono Juancito Pinto. Sin embargo, no dijeron nada en relación con el congreso ni a las transformaciones educativas estructurales que la educación necesita.
Este nuevo año nos enfrenta a preocupaciones generales sobre el futuro del país. ¿Qué rumbo tomarán las crisis política, económica y social? ¿Cómo impactarán en la educación? El panorama educativo no escapa a esta incertidumbre. Al igual que el calendario escolar, parece configurarse un calendario de conflictos que inevitablemente incidirán en la gestión educativa.
El Ministerio de Educación, por su parte, inicia la gestión con la aprobación de la Resolución 001/2025, que regula la gestión educativa con normas que, en su mayoría, repiten y mejoran lo establecido en años anteriores. La atención mediática, como es habitual, se centra en aspectos tradicionales: fechas de inscripción, inicio de clases, vacaciones de invierno, pago del Bono Juancito Pinto y cierre de la gestión. No obstante, también resurgen los conflictos recurrentes: la prohibición del aumento de pensiones en colegios privados, rechazada por el sector, y las demandas de los maestros urbanos, quienes han abandonado el diálogo y amenazan con movilizaciones.
Se esperaba que este inicio de gestión fuera diferente tras el Congreso Plurinacional de Educación. En teoría, este evento abordó temas estructurales y definió estrategias para el 2025. Sin embargo, a pesar de la inversión de recursos públicos y tiempo, las resoluciones del congreso permanecen en la incertidumbre, sin una clara hoja de ruta para su aplicación. A ello se suma la ausencia de propuestas innovadoras de parte del Ministerio de Educación que resuelvan temas pendientes en materia de derecho a la educación, reducción de brechas estructurales, fortalecimiento de propuestas productivas orientadas a una educación de calidad, pertinente y contextualizada.
Siendo un año de elecciones generales, los discursos resaltarán las críticas y fracasos del modelo educativo, y enaltecerán las virtudes de las propuestas de cada candidato que, seguramente, se disputará la “calidad educativa” como prerrogativa de su exclusividad. Por ello, resultaba imprescindible orientar la gestión con referentes de acción más profundos y sólidos que la reglamentación tradicional.
Ante la ausencia de una propuesta educativa gubernamental que trascienda lo meramente reglamentario, es crucial que, como sociedad y actores educativos, exijamos condiciones que garanticen el derecho a la educación. Esto implica, en primer lugar, garantizar el acceso universal a la educación y la permanencia de los estudiantes en el sistema. El Estado tiene la responsabilidad de designar oportunamente a los maestros, asegurar infraestructura adecuada, mobiliario suficiente y sistemas de agua y saneamiento dignos en las unidades educativas. Sin estas condiciones básicas, es imposible hablar de educación inclusiva y digna.
Sin embargo, no basta con garantizar estas condiciones. El Estado y la sociedad deben promover condiciones que impulsen una educación de calidad, el desarrollo de programas de formación continua y posgraduales para los maestros y una educación que fomente el pensamiento crítico, la innovación y la construcción de una sociedad sustentada en la justicia social.
Es fundamental, además, reducir las brechas de desigualdad, priorizando a las poblaciones más vulnerables: comunidades rurales, indígenas y zonas urbanas marginales. Solo con políticas educativas que enfrenten estas desigualdades podremos avanzar hacia un sistema más equitativo y justo.
En conclusión, aunque iniciemos el 2025 con las mismas reglas y conflictos, no debemos olvidar que la educación es un derecho fundamental y una herramienta clave para construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Es momento de exigir no solo promesas, sino acciones concretas que materialicen un verdadero cambio en la educación.
Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación.
