Esta semana se inició con la llegada a la sede de gobierno, La Paz, de miles de seguidores del expresidente Evo Morales y que derivó en enfrentamientos con la policía, gasificaciones y detenciones. Fue llamada “la marcha por la vida” por quienes recorrieron los 85 kilómetros desde la localidad de Patacamaya y “marcha en defensa de la pedofilia” por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. En realidad, ¿a quién, de ambas partes, les importa los abusos sexuales a menores de edad? ¡Ja!
Es evidente que se trata de una movilización política para hacer posible la candidatura de Morales en las elecciones generales de 2025 o, al menos, que se deje de lado lo que llaman “persecución judicial” contra él por un, supuesto, caso de trata cometido contra una adolescente con la que él habría tenido relaciones cuando era presidente y, luego, cuando renunció forzado y se fue del país a Argentina, a donde ella le habría acompañado. Fruto de esa relación habría nacido una niña.
Lo cierto, también, es que lo más probable es que este proceso judicial no tendría sentido y quedaría en el olvido si él no insistiera en ser candidato, al margen de lo que digan las leyes; aunque, éstas son muy permisivas, como la Ley 603 que permite el matrimonio o unión libre a los 16 años. Allí ya no hay delito, si la menor de edad quiere, los padres lo permiten y se celebra un matrimonio o se registra la unión libre ante oficial de Registro Cívico ¿Qué edad tenía la supuesta pareja conviviente de Evo? Se entiende que ella quería y sus progenitores, encantados, pese a los 60 años de él ¿Ella 15 o 16? Legal o ilegal, el asco por la diferencia de edad y el poder ejercido es el mismo.
A principios de año, la Fiscalía informó sobre los casos de violencia registrados en 2024, habiendo 2.696 violaciones sexuales a niño, niña o adolescente (93 menos que el año anterior) y 1.864 casos de estupro (con un incremento de 55 víctimas). En suma 4.560 personas menores violentadas sexualmente sobre las que poco o nada se hace, por las que nadie marcha y por las que no se aplican políticas serias.
En junio de 2024, la Defensoría del Pueblo informaba que en los últimos diez años se tenían registrados 4.804 matrimonios en los que las mujeres eran adolescentes de entre 16 y 17 años, que estarían permitidos por la Ley 603; mientras que había otros 487 casos de niñas entre 12 y 15 años, lo que sí constituyen un delito ¿De qué edad eran los maridos? De ello no habla esta cuestionable ley, habría que establecer un máximo de 5 años de diferencia, por ejemplo. Porque con más años hay una relación desigual de madurez y experiencia que deriva necesariamente en situaciones de abuso, señores, por eso.
Pero el dato más real de la situación la da el Ministerio de Salud y Deportes: de 2015 a septiembre del 2023 se registraron 458.246 embarazos en niñas y adolescentes ¡Medio millón! en un país de 12 millones ¿Cuántos fueron producto de violaciones y estupro? Por las edades, una buena parte.
Basta ¿no? ¡Basta de utilizar políticamente las situaciones de abuso y violencia! En este caso contra menores de edad. Si de verdad quieren hacer algo, modifiquen la ley 603, persigan y sancionen seriamente a los violadores, trabajen en cambiar estructuras mentales sociales que ven con normalidad que una niña o adolescente trastoque su vida con un embarazo o un marido que condiciona el resto de su existencia.
Es tan bajo quien protege o disculpa a quien ha cometido un delito como quien usa ese hecho en su provecho, al margen de la víctima.
Drina Ergueta es periodista y antropóloga.
