Potosí ha construido su subjetividad regionalizada en función de la explotación, saqueo de los minerales, marginación regional y social a lo largo siglos, por ello que la identidad regional tiene en los efectos que dejó y deja la explotación sus formas de manifestación social, regional y política.
El litio es percibido no solo como un recurso natural para su explotación y la generación de “riqueza”, porque este razonamiento es meramente capitalista, sino como la fuente que le dé a Potosí el derecho a decidir y no ser solo el receptor de las decisiones gubernamentales verticales.
En los inicios de la democracia, el gobierno de Siles (1984) empezó un proceso de licitación para explotar las sales de boro, potasio y el litio; las organizaciones de Potosí, Central Obrera Departamental COD, Comcipo, impusieron al gobierno la conformación mediante Ley (1985) de una instancia que dirija el proceso de explotación e industrialización: el Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (CIRESU). El directorio tenía una composición nacional: ministerios de Minería, Planificación, Finanzas y Defensa; departamental: Cordepo, Comcipo, COD, Universidad Autónoma Tomas Frías, y regional: comités cívicos de las provincias del sud oeste: Nor Lipez, Daniel Campos y Antonio Quijarro; luego se incorporó la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS). La composición del directorio gráfica la participación del departamento y la región y sintetiza el derecho de decidir.
El gobierno del MNR (1987) prescinde del Ciresu y empieza una negociación con la transnacional norteamericana Lithco; con el asesoramiento de las consultoras Whitney y Whitney y Commodities Reseaech Unit firman una carta de intenciones y elaboran un proyecto de contrato; el gobierno no logra imponerse sobre Potosí, retrocede y transfiere la decisión al próximo gobierno.
Jaime Paz, a los tres meses de jurar a la presidencia (1989), en la línea de su antecesor, prescinde de los actores departamentales/regionales y reinicia las conversaciones para privatizar y firma un contrato con la Lithco, que no es de conocimiento entre los miembros del directorio que representan a Potosí. El contrato empieza a difundirse, pero para ser validado; es decir, buscaban dar por bien hecho lo que hicieron el gobierno y la empresa norteamericana.
Potosí empezó por observar el contrato a oponerse al contrato; de la observación técnica a la defensa del litio como identidad regionalizada; el movimiento mismo constituyó el sentimiento potosino por el litio en contra de la privatización, de la transnacional y del rol del gobierno.
El 2004, el presidente de Comcipo, René Navarro, denuncia la explotación de parte de una empresa privada chilena bórax y ulexita en el sudoeste de Potosí; la reacción fue movilización inmediata, porque el pueblo tiene internalizado en su subjetividad al litio.
El 2008, el presidente Evo anuncia inversión para investigar y desarrollar la industria de las sales con financiamiento de la Comibol; Potosí no se pronuncia en contra, porque asume la estatalidad como identidad colectiva también regional. Pero, en 2018 se comunica un contrato de asociación con la empresa alemana ACISA para transformar la salmuera residual construyendo una Planta de Hidróxido de Litio. El contrato no involucraba a la empresa alemana en la explotación; la reacción del pueblo es diferente, se opone, porque asume que se vulnera su derecho a decidir, y rechaza la socialización del contrato y rechaza la inversión privada.
En este último contrato de Extracción Directa del Litio (EDL) de 2025 (explotación y transformación) con empresas china y rusa, previo a la firma de cualquier contrato, el pueblo asume la iniciativa de proponer un proyecto de ley del litio, establece una ruta jurídica/política; es decir, condiciona al Gobierno a discutir y aprobar una norma en función a la opinión regionalizada.
El Gobierno prescinde del sentimiento potosino, impulsa la socialización del contrato ya firmado; la reacción social es el reflejo de la acumulación histórica: contra la imposición gubernamental.
Los movimientos que logran constituir identidad colectiva sobre un hecho —objetivo o subjetivo— inscribe en las generaciones la memoria, pero como presente, el poder político al enfrentarse con la memoria movilizada del pueblo se enfrenta a su propia validez y legitimidad.
La verdad estatal no puede imponerse como la razón; en tiempos de descolonización es preciso romper con el verticalismo estatal republicano. Ejerzamos la democracia plurinacional como decisión colectiva popular política.
