La democracia, en sí misma, constituye un proceso educativo para la ciudadanía, con un significado histórico fundamental. Como bolivianos, ciudadanos, sujetos de derecho político y deberes cívicos debemos recordar de manera cotidiana y permanente lo que significó la lucha del pueblo por recuperar la democracia que, para la década de los 70 del siglo pasado, había sido aprisionada por las dictaduras militares. El derecho que hoy tienen los bolivianos y bolivianas —aunque algunos estarán privados de ejercerlo— se conquistó con un duro sacrificio, con sufrimiento y con conciencia democrática.
Parte de esa conciencia democrática, permitió comprender que una elección no es simplemente un acto formal, sino es forjar el futuro de la patria y el destino de toda la sociedad. Quedan en los registros históricos, ejemplos funestos antidemocráticos, como el de 1989, donde la popularmente denominada “Banda de los 4” del Tribunal Electoral, dirigió las elecciones con mandatos políticos y pactos subterráneos.
Cada elección debería representar una oportunidad para fortalecer la ciudadanía, el civismo, los valores y la comprensión del Estado de Derecho. La Constitución Política del Estado, como norma fundamental, orienta este aprendizaje democrático, encargando a la educación fomentar el civismo, el dialogo intercultural y los valores éticos. No obstante, cuando la práctica política y el accionar institucional sesgado se alejan de los principios constitucionales, el proceso electoral corre el riesgo de convertirse en una experiencia que desalienta la participación ciudadana, promueve la desconfianza o deja el voto nulo como opción ante la ausencia de un candidato.
Un ejemplo claro es la comparación entre lo que dice la Constitución, y las conductas institucionales de los órganos del Estado. Cuando el sistema judicial es utilizado con fines políticos, cuando se priva de los derechos políticos, por lo tanto, democráticos, a una parte de la población respecto a elegir a quien consideren su elección, o que la imparcialidad se aleja de las decisiones de los responsables electorales, la lección que se imparte es destructiva. Se enseña que la ley no es un pilar de igualdad y justicia para todos, sino una herramienta flexible al servicio de quien ostenta el poder.
Esta contradicción entre la Constitución y la realidad concreta de su aplicación, es la primera y más grave, entre las formas de deseducación en lo relacionado a la educación para la ciudadanía, educación cívica, educación en valores y educación para la democracia. En lugar de aprender a valorar el Estado de Derecho, los ciudadanos, y en particular las nuevas generaciones, aprenden que las normas son relativas y que los principios son negociables. Esto no es educación cívica, mucho menos democrática.
Una segunda manifestación de esta deseducación en materia democrática se encuentra en la forma en que los partidos y candidatos presentan sus planes de gobierno. Un plan de gobierno debería ser un instrumento pedagógico, un documento serio y detallado que permita a los ciudadanos informarse, comparar propuestas, desarrollar un pensamiento crítico y tomar una decisión razonada sobre el futuro del país. Debería ser la base del debate democrático y el mecanismo de decisión de los/las ciudadanas.
Sin embargo, la realidad electoral boliviana muestra que los planes de gobierno se convierten en lo que se denomina un “anzuelo electoral”. El papel, como se dice popularmente, “soporta todo”. Se llenan de promesas, soluciones mágicas en tiempos récords y ofertas diseñadas no para ser cumplidas, sino para captar votos de cualquier manera. Este proceso se traduce en deseducación cívica. Para un joven que vota por primera vez, esta experiencia puede ser el origen de una apatía democrática futura.
El resultado de estas prácticas deriva en la formación de una ciudadanía que aprende las reglas no escritas de la manipulación del poder en lugar de los principios escritos de la democracia. Se aprende que los derechos constitucionales son declarativos, que las promesas electorales son desechables y que el debate público es más un teatro que un espacio de deliberación real. Así como se recuperó la democracia frente a las dictaduras, debemos reconstruirla para ejercer los derechos políticos de manera plena.
(*) Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación
