En menos de dos semanas se llevarán a cabo las elecciones nacionales para elegir presidente, vicepresidente y representantes a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Su realización fue precedida por un largo espacio de incertidumbre, situación que se creó por la ingenuidad de los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, con siete ampliaciones de plazo, pretendieron dar vida a partidos políticos desfasados con la dinámica política del país. La tarea del TSE es velar por la constitución de los partidos en torno a principios y una visión de país, con procesos democráticos internos, lo que no se ha producido. Hoy tercian en las elecciones tres candidatos dueños de sus partidos, tres con siglas prestadas y dos habilitados por resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Entre paréntesis, hay que recordar que las acciones de los “autoprorrogados” son ilegales y no tienen valor alguno.
Este resultado destaca la podredumbre de quienes pretenden dirigir el país, que no se dedican a formar partido, propuestas, militantes y candidatos y hoy buscan el poder, comprando partidos o con imposiciones desde los órganos del Estado; esta conducta rompe la institucionalidad y los principios democráticos, que son la base de la convivencia ciudadana.
Por otro lado, el TSE queda maltrecho al renunciar a los principios constitutivos de su ley de creación: la autonomía “no recibe instrucciones de otro órgano del poder público ni presiones de ningún poder fáctico”; “la igualdad jerárquica constitucional a la de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial”; la estabilidad: “tienen inamovilidad durante todo el período establecido para el desempeño de sus funciones”. Al mismo tiempo, al no cumplir con la ley electoral al cancelar las elecciones primarias, ni tampoco fiscalizar el financiamiento de los partidos, pierde credibilidad en la conducción del proceso electoral, siendo ésta la causa del embrollo presente.
Las últimas encuestas perfilan a la cabeza a personajes de la época neoliberal, solo faltaría Revollo para reeditar el equipo privatizador de los años 90, de cuya memoria el pueblo no se olvida; por detrás están los que pretenden defender el Estado Plurinacional, cuidándose de identificarse con su principal mentor; también están los votos blancos, nulos y los indecisos, que son superiores a los de cualquier candidato. El campo de disputa está en el retorno a la república liberal, con el mercado como su timonel y el estado plurinacional que planifica la vida económica y social con equidad; en esta disputa; sin embargo, no están sus mejores expositores: Evo Morales y Jaime Dunn.
¿Qué podemos concluir? Que los ciudadanos no están conformes con la papeleta ni el proceso que lo engendró. ¿Este sentir tiene algún efecto o es solo un testimonio de impotencia? Pienso que sus resultados, como cualquier referéndum, tienen que ser tomados en cuenta; nuestra democracia no solo es plebiscitaria, sino también directa y participativa. Al computar los votos blancos y nulos como señal de un malestar, se juzga el proceso (control social) y la oferta electoral.
La historia boliviana está plagada de ejemplos que tuercen la voluntad popular; cuando esto ocurre, esta energía se encamina por otros rumbos. El “mamertazo” que negó el triunfo electoral del MNR en 1951 parió la revolución de abril de 1952; el forzar la reelección de Víctor Paz en 1964 provocó que a los tres meses de posesionarse, salga al exilio; lo mismo con Gonzalo Sánchez de Lozada, que, con 22% de votación y el apoyo de la megacoalición, se fue antes de cumplir dos años de su mandato. Nadie podrá negar que estos sucesos, al margen de lo legal, fueron salidas democráticas ante la imposición del poder circunstancial a la voluntad de lo nacional popular, que últimamente se ha empoderado en este nuevo Estado.
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero
