Conocer las propuestas presentadas por los distintos candidatos presidenciales nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cuál es el conocimiento y comprensión que poseen acerca de la realidad boliviana aquellos que la quieren gobernar? A este cuestionamiento inicial debemos añadir las dudas razonables sobre la viabilidad, factibilidad y, en última instancia, la solidez de sus propuestas. En un país tan diverso y desigual como el nuestro, una propuesta que no tenga sustento histórico ni evalúe otras experiencias, se convierte en una falacia electoral.
Un claro ejemplo de esta desconexión entre la política y la realidad es la propuesta de municipalización y regionalización de la educación del candidato Tuto Quiroga (alianza Libre), que expresó: “Si queremos enseñar, tenemos que descentralizar la educación a los municipios y dar el diseño curricular a las regiones. Eso es autonomía total”. En su plan, también incluye la transferencia de los ítems del magisterio a las administraciones municipales.
Más allá de los aspectos económicos y de gestión, es imprescindible pensar en los efectos de esta propuesta en la educación. La historia ya nos ha mostrado sus peligros. La ley del 22 de noviembre de 1872, una propuesta liberal de privatización y municipalización, fue un rotundo fracaso. Esta ley determinaba que: La enseñanza sería libre en todos sus grados; el Estado protegería únicamente la instrucción primaria; la administración de los fondos de primaria estaría bajo responsabilidad de los Consejos Municipales; y, la educación secundaria y superior quedaría librada a las empresas y esfuerzos privados. Los resultados fueron tan negativos que, a inicios del siglo XX, otro proyecto liberal tuvo que revertir la administración municipal de las escuelas y retornar al centralismo como alternativa para la “unificación nacional”.
La Ley 1565, de Reforma Educativa, partió de la caracterización de la administración de la educación como un “servicio del Estado” y planteó un horizonte de municipalización siguiendo el modelo chileno, referente para los enfoques neoliberales. No obstante, es importante actualizar la información de los candidatos que retoman esta propuesta obsoleta, ya que Chile, desde 2018, entró en un proceso de desmunicipalización de sus centros educativos.
Municipalizar la educación en un país con profundas desigualdades como Bolivia implica desconocer las enormes brechas existentes entre municipios urbanos, rurales y de comunidades alejadas. Los gobiernos municipales tienen capacidades administrativas, presupuestos y recursos técnicos dispares. Además, al transferir la responsabilidad curricular a nivel regional o municipal, se cae en una dispersión de los contenidos educativos, debilitando los procesos de integración nacional y el carácter universal del derecho a la educación. Esta fragmentación podría derivar en una educación desarticulada, con mayores desigualdades y efectos perversos en el derecho a la educación, en especial de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Otro de los aspectos de mayor riesgo es la transferencia de ítems de maestros a nivel de los municipios. Los resultados podrían ser totalmente desastrosos: desigualdad salarial y de condiciones laborales diferentes, fragmentación del magisterio, politización y clientelismo municipal, inequidad en el acceso a la formación docente, regionalización de la contratación de maestros y debilitamiento de la carrera docente. Junto a estos aspectos, es importante considerar los riesgos del sector administrativo por su vulnerabilidad frente a las administraciones de las alcaldías.
Ante el riesgo de retornar a proyectos superados en los siglos pasados, es imprescindible retomar el contenido de la Constitución Política del Estado, que en el artículo 77 que establece con claridad: “La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”. Este principio constitucional refuerza la idea de que la educación es un derecho, por lo que debe permanecer como responsabilidad central del Estado, garantizando su carácter unitario, universal, gratuito y equitativo para todos y todas sin ninguna exclusión.
Roberto Aguilar Gómez
es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación.
