En la coyuntura de nuestro país, y a pocos días de las elecciones generales, es importante conocer con más profundidad los distintos planes de gobierno de los candidatos presidenciales, así como tomar en cuenta los diversos cambios estructurales que deben ser instrumentados para el desarrollo nacional.
En términos generales, se habló de eliminar los subsidios —especialmente de los carburantes—, promover la formalización de las empresas, reformar las leyes laborales, reducir la participación estatal y abrir los espacios a la inversión privada; avanzar en la oferta de alimentos para el país y el mundo, hacer de Bolivia un lugar atractivo para la inversión privada, concretar cambios en materia laboral y tributaria, así como impulsar la actividad de las Pymes, frenar el contrabando, generar incentivos para la formalización de las empresas —especialmente las pequeñas y medianas—, dar curso a la biotecnología, restituir la seguridad jurídica y despejar el camino para la inversión, garantizando un Estado de derecho.
En el debate económico, los representantes de las fuerzas políticas coincidieron, por separado, que, en caso necesario, buscarán el diálogo para llegar a consensos que permitan ejecutar los planes de gobierno del que gane las elecciones el próximo 17 de agosto.
Como afirmó Giovanni Ortuño, presidente de los empresarios del país, se necesita ideas nuevas, políticas públicas sensatas y una colaboración efectiva entre todos los sectores. “No se trata solo de escuchar discursos: se trata de construir una agenda común para la recuperación, comprendiendo que el rol del sector empresarial no es marginal, sino central en la salida de la crisis”.
A continuación, un sumario de lo ofertado por los candidatos ubicados, según encuestas, en los cinco primeros puestos.
Samuel Doria Medina
Se debe garantizar la seguridad jurídica, base para atraer la inversión privada extranjera y nacional; modificar la Ley de Inversiones y de la Ley General del Trabajo.
Se creará un “fondo de estabilización”, de $us 2.000 millones para que en los próximos tres meses se pueda pagar la deuda externa y la importación de combustibles, y permita reactivar las exportaciones de sectores clave, que traigan dólares al país. También expresó la intención de devolver al BCB su independencia para reducir la inflación eliminando el gasto fiscal.
Jorge Tuto Quiroga
Acudirá al FMI y otros organismos financieros internacionales para obtener $us 12.000 millones y así reducir la inflación, y promover el ingreso de dólares que ayudarán a bajar el tipo de cambio. El FMI es un “sello de garantía” que permite obtener financiamiento de otros organismos.
Este fondo servirá como un “puente de estabilidad” de dos a tres años. Espera bajar el déficit el primer año de 10% a 3%, reducir el 25% de los gastos en bienes y servicios.
Rodrigo Paz Pereira
Propone una “Agenda 50/50”, que redistribuye los recursos fiscales: 50% al nivel central y 50% para regiones y universidades públicas. Implementará el “capitalismo con sentido de patria y de Estado”, construyendo una economía inclusiva, moderna y sustentada en la formalidad, sustituyendo al “Estado tranca”, enfrentando la informalidad —que afecta a más de seis millones de bolivianos—, respetando la propiedad privada, ampliando la base tributaria y fomentando la formalización.
Manfred Reyes Villa
Cuestiona a los candidatos que buscan mayor endeudamiento, pues el país debe tiene los recursos necesarios dentro de su territorio. Afirma tener un acuerdo para una venta adelantada de litio por $us 10.000 millones para que la inflación reduzca y lleguen los dólares. Estos recursos permitirán garantizar el litro de combustible a Bs 5 y el tipo de cambio entre Bs 7,2 y Bs 8,0.
Propone el modelo “Bolivia 180”, orientada a liberar mercados, reducir el rol estatal y transformar profundamente el aparato público, una reingeniería integral del Estado bajo el lema “tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible”, con un Estado facilitador, que no compite con el sector privado.
Andrónico Rodríguez
Propone asumir 10 compromisos “que se traducen en 10 derechos fundamentales” para el presente y futuro del país, entre los que sobresalen el derecho a la tranquilidad financiera, para lo que buscará en un acuerdo con los exportadores para poner el anclaje el tipo de cambio, para que no sea movible; el derecho al crédito justo y sostenible, en coordinación con la banca privada y estatal para beneficiar a los sectores productores y pequeños emprendedores. Derecho a no vivir endeudados, que trabajará en una política soberana de financiamiento. Derecho a un buen Estado, nueva versión del modelo económico plural “que abrace al sector público, privado y cooperativizado, comunitario” y a la economía popular y el derecho al desarrollo sostenible el litio, la minería y los hidrocarburos.
En estas próximas elecciones, los empresarios, trabajadores y ciudadanos de todos los departamentos uniremos nuestros votos con base en la democracia y el respeto a la Constitución Política del Estado. Estamos convencidos de que la institucionalidad en estas elecciones generales es fundamental para un proceso electoral transparente y democrático.
*Ph.D. en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina, Académico de Número de la ABCE y presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).
