La actual crisis económica afecta de forma asimétrica a los sectores productivos. Mientras para la mayoría de los sectores como la industria, el trasporte o la construcción el cuasi estancamiento económico se ha traducido en menores ventas, reducción de ingresos y mayores costos de producción a causa de la escasez de dólares y combustibles, otros sectores como los mineros, los agroindustriales y la banca han visto incrementar sus ganancias de forma insólita. ¿Por qué ocurren estas asimetrías?
La repartición de los costos y beneficios de la crisis depende de quiénes disponen y controlan el uso de las divisas. En este contexto, tanto exportadores como bancos han logrado beneficiarse del aumento del dólar, ya sea porque obtienen más ingresos en bolivianos sin necesidad de exportar más o porque intermedian y especulan con él. Durante el último año, la banca reportó récord de utilidades, siendo el cobro por las comisiones por envíos de dólares al exterior el ítem que mejor explica estas ganancias extraordinarias.
El dólar actúa como un pernicioso mecanismo de redistribución del ingreso entre bolivianos, enriqueciendo a quienes los acumulan y empobreciendo a quienes no disponen de ellos. La desigual distribución de la crisis además se manifiesta a través de “conflictos distributivos” entre sectores económicos que tratan de eludir los costos. Por ejemplo, cuando sube el precio del dólar, los bancos no se ven afectados, pues trasladan este mayor costo financiero a sus clientes que realizan importaciones, y ellos a su vez a los consumidores, quienes terminan pagando precios finales más altos.
Para comprender la asimetría de impactos, también se debe prestar atención a los rezagos que existen entre el tipo de cambio y el resto de precios de la economía. La variación del dólar tiene efectos dispares, porque cuando disminuye su precio —como ha acontecido en los últimos meses— el consumidor no se beneficia de inmediato porque el movimiento del dólar tiene un desfase sobre los precios de los bienes y servicios, algo así como “un atraso cambiario”.
Dicho esto, debería haber un consenso social de que el costo de la crisis y de las eventuales políticas de ajuste no deberían recaer de manera exclusiva sobre los hogares y empresas de menores ingresos. El problema de financiamiento por el que atraviesa la economía boliviana no es exclusivo del sector público. Las empresas privadas también requieren oxígeno financiero para lidiar con la crisis. Es allí donde el reciente anteproyecto de Ley 547 que, además de suspender los embargos, remates, desapoderamientos y otros procesos judiciales, plantea un diferimiento automático por seis meses para créditos de vivienda social y para pequeñas unidades económicas que podría cobrar importancia.
Sin embargo, esta medida fue rápidamente cuestionada por Asoban que, a su entender, reduciría drásticamente la liquidez de los bancos, limitaría los préstamos para nuevos créditos y podría en riesgo la estabilidad del sistema. En realidad, la medida no debería afectar a más del 3% de la cartera total, es decir, cerca de Bs 6.000 millones y no $us 2.6000 millones como afirman algunos analistas que defienden la posición de los bancos, sin considerar que su lanzamiento podría venir acompañada de dotación de liquidez desde el Banco Central. Además, actualmente se ha restringido el crédito a pesar que la liquidez del sistema se encuentra en niveles adecuados.
Cabe recordar que, durante la pandemia, también se aplicó un programa de diferimiento que terminó siendo una reprogramación de créditos. La diferencia está en que con el diferimiento no se debió modificar las cuotas ni los plazos para los prestatarios. Sin embargo, los bancos, valiéndose de su poder de mercado y el desconocimiento de los usuarios financieros, impusieron a estos últimos nuevas condiciones financieras que derivaron, por ejemplo, en el prorrateo del monto de los intereses y el capital devengados durante el periodo de la cuarentena al crédito total generándose una nueva deuda con condiciones financieras distintas. Esta operación resultó en un infraganti forma de anatocismo (cobro de intereses sobre intereses) que terminó perjudicando a los prestatarios porque incrementó su costo financiero.
La actual iniciativa gubernamental no deberá repetir esa operación, por eso las reprogramaciones individuales no son una alternativa. A pesar de que el anuncio del diferimiento llega de forma extemporánea, considerando el actual deterioro de la economía y cuyo impacto podría ser limitado ya que debió formar parte de un conjunto más integral de medidas para encarar la estabilización macroeconómica, es fundamental implementarla para la contención a la crisis.
Los bancos y otros sectores económicos que se encuentran en una posición más favorable que la mayoría de los bolivianos tienen la responsabilidad de contribuir de manera proporcional al esfuerzo colectivo, a fin de garantizar la recuperación económica con equidad social.
Omar Rilver Velasco
es habitante del Kollasuyo, yatiri económico y promotor del Vivir Bien.
