El reciente cambio de gobierno ha despertado en amplios sectores la expectativa de renovación y cierre de ciclo. Sin embargo, más allá del discurso de transformación, lo que observamos en el nombramiento del nuevo gabinete, es el retorno del predominio empresarial y tecnocrático, prácticas políticas propias de los periodos neoliberales anteriores al 2006. Otro retroceso es la “democracia pactada”, predominante desde los años ochenta, que se caracterizaba por la fragmentación parlamentaria y la necesidad de acuerdos multipartidarios, muchas veces sustentados en negociaciones con efectos económicos y laborales.
Entre los aspectos preocupantes de estos retornos, está la invisibilización de los sectores sociales, indígenas y populares. Estos actores, marginados de los espacios de decisión en la república, bajo el discurso de que “gobernaron por 20 años” vuelven a ser desplazados por élites empresariales, organismos internacionales, fundaciones privadas y consultores. Bajo el discurso de la “meritocracia”, se enaltecen trayectorias profesionales vinculadas a universidades extranjeras y corporaciones transnacionales, mientras se menosprecia lo social, popular y comunitario.
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Este fenómeno no es nuevo, en la Reforma Educativa de 1994 (Ley 1565), se promovió una visión gerencial de la educación, centrada en considerar la educación como un servicio y mercancía. Hoy, los mismos actores que protagonizaron esa reforma neoliberal retornan al sector educativo. Es fundamental recordar los resultados educativos de la reforma del 94, para evitar reproducir análisis reduccionistas que pretendan mostrar que “antes estábamos mejor”. En 2005, Bolivia registraba una tasa de analfabetismo del 13%, mientras que en 2024 esta se redujo al 4,1%. El abandono escolar en secundaria era del 6,5% (2024: 2,4%) y en primaria del 4,4% (2024: 2%). El promedio de años de instrucción para mayores de 19 años era de 8,2 (2024: 10,6), y la inversión pública en educación alcanzaba los 6.500 millones de bolivianos (2024: 26.000 millones).
Estos avances no pueden desvincularse de los enfoques predominantes en cada proyecto educativo. En la Ley 1565 predominaron las políticas privatizadoras, descentralistas y de municipalización. Mientras que la Ley 070 priorizó lo social, comunitario y descolonizador. Esta última, aunque incompleta en su implementación y distorsionada por el gobierno de Arce, logró introducir transformaciones significativas en términos de equidad, justicia social, reconocimiento cultural y participación comunitaria. Es necesario reconocer que la Ley 070 dejó temas y desafíos pendientes en torno a la calidad educativa y la gestión curricular. Pero también es imprescindible defender sus logros en inclusión, interculturalidad, plurilingüismo, participación social y derechos del magisterio.
El debate actual gira en torno al rumbo de la educación considerando la orientación de las nuevas autoridades educativas, articuladas con instituciones privadas del sector educativo (Asociación de Colegios Privados y universidades privadas). Esto plantea interrogantes estructurales: ¿Qué sucederá si los colegios privados solicitan incrementos de pensiones que afecten la economía familiar? ¿Cómo se regulará a las universidades privadas para garantizar los derechos estudiantiles? ¿Qué políticas se implementarán para el magisterio fiscal y su estabilidad laboral? ¿Cómo se abordará la educación indígena originaria campesina, la intra-interculturalidad y el plurilingüismo? ¿Qué implicaciones tendrá la descentralización educativa en el derecho a una educación fiscal, pública, gratuita y plurinacional?
El retorno de los sectores privados al control del Ministerio de Educación no es solo un cambio administrativo, es una reconfiguración del poder en la educación. La historia nos recuerda que cada vez que lo privado se impone sobre lo público, se afecta el derecho colectivo a una educación emancipadora, inclusiva y transformadora. Hoy, más que nunca, es necesario preguntarnos quién decide el rumbo educativo del país, con qué intereses y para qué fines. La educación no puede ser tratada como mercancía ni como campo tecnocrático. Es un derecho fundamental, un bien común, un medio de emancipación y de justicia social.
(*) Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación
