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Derechos culturales, empresa y Estado

Merecemos que el Estado asuma su compromiso con los derechos culturales de la población

¿No todos somos violadores?

Miguel Vargas Saldías

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Por Miguel Vargas Saldías
LOS COLORES DE LA SAJTA
/ diciembre 7, 2025
en Columnistas, Opinión

Gasto insulso. Esas dos palabras circularon durante mucho tiempo en las publicaciones de redes sociales el año 2020 tras que la entonces presidenta Jeanine Añez eliminara el Ministerio de Culturas. Como artista, gestor y periodista, en su momento, también elevé el grito al cielo: miles de colegas no podíamos dar crédito a la afirmación de la mandataria que disolvía la cartera porque era eso: un gasto insulso. Saltando la funestra actuación de las ministras que se hicieron del cargo después, cuando regresó dicho ministerio —y cuya gestión prácticamente le dio la razón a Añez (o tomen nota de que Bolivia, por ejemplo, incumplió los pagos a Ibermedia estos últimos años, por lo que no tenemos acceso a esos fondos para el cine)— parece que la Alcaldía paceña sigue el mismo camino, con la variante de que ahora se espera capitalizar con el entretenimiento.

Con bombos y platillos, el municipio anunció una alianza público privada para construir una multisala de cine, con gimnasio y patio de comidas. “Hoy es un día significativo para el Gobierno Municipal, porque terminamos un arduo trabajo que se inició en febrero de este año cuando la empresa nos hizo llegar la propuesta de alianza público-privada para construir  (…) el Multicine Sur”, dijo el secretario Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, José Carlos Campero.

Revise también: Tributo a la forma y el sentido

El nuevo complejo estará ubicado en las canchitas de San Miguel; sí, ese espacio que durante años se había proyectado para la contrucción del primer escenario cultural municipal de la zona Sur. Predios municipales para la cultura. “Los alquileres de los teatros privados son carísimos. Un teatro municipal te cobra una patente más razonable y un porcentaje menor de tu taquilla. Eso hace que el acceso al arte sea más democrático. Es muy caro llevar una obra a la zona Sur”, explica una reconocida productora teatral.

Por su parte, la Alcaldía alega que ya se consultó con los gremiales, genial. ¿Pero los derechos culturales de la gente de la zona Sur?

Con esto, se cae otro soñado proyecto cultural que podía haber beneficiado a la comunidad en pleno, y a la artística en específico, en aras de la economía empresarial. Se trata de una sala de cine —películas, cultura, se alega— , entretenimiento y palomitas.

“La firma de este acuerdo es un abuso de quienes tienen poder (político) sobre aquellos a quienes se supone que representan. El cine enlatado, plagado de imaginarios alienantes, definitivamente no es contener  las necesidades culturales de toda la población paceña, y mucho menos orientar los saberes culturales propios para su crecimiento, florecimiento y expansión”, expresa en sus redes sociales la directora y música Cristina Wayar Soux.

Los creadores y gestores culturales no somos gasto insulso —así nos ven, a tal punto de que no figuramos como rubro en la estructura nacional— y merecemos que el Estado asuma su compromiso con los derechos culturales de la población y con nosotros, generadores de conocimiento, narrativas e identidades. El rostro de un país son sus artistas.

(*) Miguel Vargas Saldías es periodista, artista y comunicador social

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