De los creadores del “Estado tranca” y el “gobierno cloaca” ha surgido en las últimas horas una nueva narrativa. Ésta pretende defenestrar la participación del Estado en la economía, declarar el fracaso de la industrialización y obtener una carta blanca para cercenar el gasto público bajo el eslogan: “¡las empresas zombis!”.
Ésta es la tercera conferencia de prensa semanal en la que el gobierno de Rodrigo Paz se esfuerza por construir una agenda mediática que busque legitimar, en la conciencia social, un recorte brutal del gasto público y el cierre o enajenación de empresas estatales.
El presidente y sus allegados no se han guardado nada en la galera. El gobierno de Paz está obsesionado con descubrir el escamoteo de dinero al Estado durante la gestión del MAS. Hace un par de semanas se denunciaba el derroche, robo y contrabando de más de $us 60.000 millones, afirmación que hasta ahora no ha podido demostrar. La semana pasada, acusó que se había “gastado el dinero de las jubilaciones”, lo que luego obligó al ministro a cargo a rectificar, aclarando que los recursos “no habían desaparecido”, sino que estaban invertidos, y que el presidente se refería a ciertos papeles comprados por las AFP.
Esta semana, la intensidad de la comunicación política no hizo sino aumentar. El turno fue para el ministro de la Presidencia, quien, armado con datos “reveladores”, denunció que algunas empresas públicas operarían en quiebra técnica con patrimonios negativos. Según la aritmética del “capitalismo para todos”, se requerirían Bs 697 millones solo para cerrarlas, desperdiciando una inversión de $us 1.294 millones.
Sin embargo, este análisis omite deliberadamente datos cruciales: más del 90% del monto denunciado corresponde a créditos concesionales con el Banco Central a 30 años, cuyos vencimientos se han ido cumpliendo según el cronograma establecido. Asumir los desembolsos pendientes como “costo de cierre” es una ilusión estadística, pues ignora los ingresos futuros que permiten honrar esa deuda. Magnificar gastos y minimizar ingresos es la estrategia neoliberal típica para devaluar activos y luego venderlos barato.
Decir que, en lugar de malgastar el dinero del Estado, se habrían podido construir 30 hospitales, 900 unidades educativas o 5.000 km de carretera, es hipocresía del más alto calibre. Quien lanza este comparativo olvida que, en su propia gestión pasada como ministro, no se construyó ningún hospital especializado y que el número de hospitales generales subió solo de 26 a 29. Hoy, en contraste, contamos con más de 52 hospitales generales y un centro de cuarto nivel.
Queda a la luz que, detrás de la supuesta preocupación gubernamental por la salud de las empresas públicas, hay tres propósitos ocultos: 1) distraer la atención pública de la demora en aplicar sus propias políticas de ajuste, 2) establecer responsabilidades penales contra exautoridades para iniciar una persecución política revanchista y 3) justificar una nueva ola de privatizaciones.
El gobierno de Paz equivoca el camino. En lugar de actuar como un auditor o contralor, debería ejercer el cargo para el que fue elegido. A más de un mes de gestión, el Gobierno ha hecho más anuncios que medidas, incumpliendo promesas de campaña o haciendo lo contrario a lo ofrecido.
Esto no significa, por supuesto, que los hechos de corrupción debidamente comprobados deban quedar impunes; sobre ellos debe caer todo el peso de la ley. Sin embargo, perseguirlos no es la función primordial del Órgano Ejecutivo, y menos aún en un contexto de necesidades nacionales urgentes y desatendidas. A más de un mes de su nombramiento, la ansiedad y la preocupación generalizada giran en torno al rumbo de la economía. Esa incertidumbre, que es el problema inmediato de la gente, no se resolverá con los hallazgos —por graves que sean— de cuantas comisiones de investigación se vayan a formar.
Surgen entonces preguntas inevitables: ¿Es la cruzada gubernamental contra la corrupción un acto de genuina responsabilidad o una distracción para otros fines? ¿Cómo creer en una voluntad política sincera contra la corrupción y sin correr el riesgo de ser parte de ella? ¿Cómo confiar en que quienes buscan “sincerar” las cuentas no caerán en la tentación de subvaluar empresas públicas para luego adquirirlas directa o indirectamente, como sucedió en el pasado con casos como Fancesa? ¿Cómo creer que esto no es parte de un pacto secreto a cambio de ayuda financiera externa? Simplemente, no podemos creer.
Omar Rilver Velasco es habitante del Kollasuyo, Yatiri económico y promotor del Vivir Bien.
