El destino quiso que esta columna caiga en el último día del año que se va, un año bastante complejo, desde la economía particular hasta las miserias políticas. En suma, respecto de esto último, fue el final de un ciclo y el regreso de otro.
Este día es propicio para cerrar puertas y repasar lo que el año que se va —seguro— está dejando como lecciones, que se resumen en varios hechos y una serie de percepciones.
El año había comenzado con nuevas autoridades judiciales, entre ellas Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La aparición pública de éste fue intrascendente hasta que los resultados de las elecciones generales del 17 de agosto reconfiguraron el escenario político del país.
En consecuencia, el magistrado propició la revisión de los casos de los protagonistas del golpe de 2019, Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, hasta que fueron liberados. En el caso de Áñez, sentenciada por su autoproclamación presidencial, la resolución del TSE argumentó una llamativa figura sobre el hecho: “necesidad constitucional”.
En contrapartida, las masacres de Sacaba y Senkata, que en ese periodo fueron resueltas con 20 muertes a causa del Decreto 4078 y la acción represora, quedaron en el limbo.
Esa reconfiguración política también proclamó a Rodrigo Paz presidente y Edmand Lara vicepresidente, binomio que nació de forma improvisad y sobre la marcha de la campaña electoral: el primer candidato a la Vicepresidente, Sebastián Careaga, renunció y el capitán de la Policía deambulaba sin partido.
Paz y Lara mostraron apariencia de estar unidos hasta su victoria electoral del 19 de octubre, incluso el día de su posesión, el 8 de noviembre. Pero la realidad los traicionó: Paz no lo quiere en su entorno y Lara busca proyectarse hacia 2030. Declarado opositor el Vicepresidente, el Gobierno camina sobre la cornisa, al borde de la crisis de gobernabilidad.
Esa reconfiguración política también supuso la jubilación de eternos candidatos presidenciales y políticos de la generación anterior a Evo Morales: Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Manfred Reyes Villa y Jhonny Fernández.
El mismo Morales quedó en esa situación, castigado por su ambición política que degeneró en su impedimento —a instancias de fallos del Tribunal Constitucional— de ser candidato presidencial otra vez y despojado de la dirección del Movimiento Al Socialismo (MAS), además de hundir políticamente a su otrora apadrinado presidente Luis Arce y causar una crisis de gobernabilidad y un desastre económico, y destruir el que llamó “proceso de cambio”.
Esa encarnizada disputa que mantuvieron Morales y Arce desembocó en la destrucción del MAS, partido hegemónico en los últimos 20 años, y también la exposición de los avances de la institución del Estado Plurinacional.
En mínima expresión legislativa el MAS, la hegemonía se ha volcado a las fuerzas de derecha, con el dominio del PDC, Unidad y Libre, incluso APB-Súmate, que puede aprobar sin problemas reformas constitucionales y juicios de responsabilidades contra Morales y Arce. Éste, como chivo expiatorio, ya prueba la desgracia de esa crisis del MAS, guarda detención preventiva en San Pedro en un caso —el del ex Fondo Indígena— en el que nunca fue señalado judicialmente, pero sirve para escarmentarlo incluso sin el debido proceso que reivindicó Saucedo al vender la falsa premisa de la “recuperación de la independencia” del TSE.
Y ese fin de ciclo del MAS cedió terreno libre a un gobierno que, para llegar adonde llegó, se alimentó del voto popular —el que conquistó Lara, el que fue engañado por Paz, el que impulsó Morales y el que renegó contra Morales, Arce, Eduardo del Castillo y Andrónico Rodríguez— para, ahora, actuar en su contra.
El retiro de la wiphala del Palacio Quemado y la reinstalación de la Biblia en la Asamblea Legislativa, acciones simbólicas poderosas, tienen continuidad en una serie de actuaciones contra ese pueblo que traiciona Paz.
Subió el pan, a pesar del compromiso del Gobierno de “se mantienen el precio y el peso”, y, a raíz de la eliminación de la subvención de hidrocarburos, también las tarifas de transporte y los productos de la canasta familiar.
El Decreto 5503, una especie de 21060, es altamente favorable a los intereses empresariales, y nocivo para los pobres. Se justifica con que es “para cuidar el bolsillo del pueblo”, como cuando Áñez dijo que llegó al poder para pacificar, pero lo hizo a través de las masacres.
Fin de ciclo, también regreso de otro. Solo en nosotros cabe un 2026 de esperanza.
*Es periodista
