En apenas dos meses, el gobierno de Rodrigo Paz duplicó la deuda interna de corto plazo. A octubre de 2025, los créditos de liquidez heredados por la administración de Luis Arce ascendían a Bs 15.000 millones. Para cerrar el año fiscal, el nuevo gobierno contrajo otros Bs16.000 millones, llevando el stock de esta deuda a niveles inéditos. Esta operación fue autorizada en la II revisión del PFF y la resolución de director BCB N°172/2025 aprobados a finales de noviembre de 2025.
Lo que el Banco Central llama refinanciamiento o manejo de pasivos en el Ministerio de Economía es en realidad una práctica de anatocismo fiscal que consiste en pagar una deuda vieja por una nueva. Durante la gestión 2025 se contrajo deuda interna de corto plazo entre Arce y Paz por un monto de B31.000 millones cuyos vencimientos comenzaban a pagarse en el mes de febrero. Ante la falta de recursos el gobierno actual optó por refinanciarla nuevamente a un plazo esta vez de 35 años y una tasa de interés que disminuye de cerca de 10% a 4,5%. Una maravilla de la ingeniería financiera en apuros. La nueva deuda de Bs31.839 millones capitaliza los intereses de más de Bs830 millones contraídos en 2025 y los capitalizó al nuevo endeudamiento.
Le recomendamos leer también: La devaluación anunciada
Si bien la conversión de deuda de corto a largo plazo reduce el riesgo inmediato de refinanciamiento para el tesoro, su reestructuración se la hace a expensas de un mayor costo financiero. Por año se tendrá que pagar un servicio aproximado de Bs2.000 millones que en términos acumulados generará amortizaciones por Bs65.919 millones. Es decir que la deuda actual volverá a duplicarse en flujo hacia el año 2060. Esta carga financiera será cubierta por los próximos gobiernos de turno porque el nuevo crédito prevé un periodo de gracia de 5 años que coindice exactamente con el horizonte político del actual gobierno quien sólo pagará intereses. El mensaje resulta evidente “pidan la carta, que otro terminará pagando la cuenta”.
La independencia del Banco Central se ha convertido en un relato que se desmorona. Durante la campaña electoral el presidente Paz proclamaba la independencia del ente emisor y que éste no sería más la caja chica del Estado. Esta acción de continuar acudiendo al financiamiento encubierto del déficit cuasi fiscal lo contradice, aunque las autoridades traten de negarlo y pone en evidencia que cuando las necesidades fiscales son apremiantes hasta los discursos ideológicos más duros pueden ser removidos.
Llama también la atención que Paz haya optado por recurrir a esta operación amparado en el art. 9 de la Ley 1705 que sanciona el presupuesto 2026, presupuesto que el propio gobierno dijo estar mal elaborado y que hasta finales de febrero presentaría un reformulado a la asamblea.
La falta de coherencia entre el discurso y la practica no es la única incongruencia. Desde el ministerio de Economía se anunció fervientemente que el sector público habría alcanzado un superávit insólito de Bs2.300 millones que “hacía mucho tiempo” no se veía. Un aparente logro a corto tiempo fruto del esfuerzo fiscal de supuestamente recortar los gastos dispendiosos del Estado. Un análisis mas detallado por partida permite develar lo falaz de este argumento. La mejora circunstancial del resultado fiscal -más allá de tener un factor estacional todos los años- fue financiado por el bolsillo de la gente a causa de la eliminación de la subvención a los combustibles. Es decir, no fue el recorte de gasto sino el aumento de los ingresos lo que marco este resultado. Lo engañoso es que, habiéndose generado dicho ahorro no se haya recurrido a este para cubrir las obligaciones de vencimientos de deuda programados para febrero en lugar de buscar refinanciarlos.
A este error de comunicación se suma otro. El presidente interino del BCB aseguró que esta operación no introdujo ni un centavo a la economía, haciendo caso omiso a que los intereses devengados desde la gestión pasada y los futuros constituyen en una inyección neta de liquidez a la economía vía emisión monetaria.
La realidad desmiente rápidamente a las autoridades. Manejar la comunicación estatal a partir de medias verdades puede dañar seriamente la credibilidad en la implementación de las políticas económicas así que requiere de un marco de institucional transparente.
(*) Omar Rilver Velasco es habitante del Kollasuyo, Yatiri económico y promotor del Vivir Bien.
