El domingo 28 de febrero, los estudiantes del Área de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) fueron convocados a una asamblea “extraordinaria” en el “patio central de la universidad”. La reunión degeneró en una trifulca y un accidente en el que murieron siete universitarios, el martes.
La citación fue firmada por ocho dirigentes de las distintas carreras, como muestra el documento que circuló a través de la red social WhatsApp desde las 23.00 de ese día. Control de asistencia y situación institucional eran los dos únicos motivos de la reunión.
El martes, al comenzar la reunión, los estudiantes se encontraban en el patio, a 16,7 metros del quinto piso. Poco a poco, azuzados, fueron llamados a subir a los pisos de arriba, mientras algunos se exacerbaban y denunciaban cobros irregulares y llamaban “cerdos” a cierta dirigencia estudiantil.
Las discusiones no cesaron y un forcejeo entre estudiantes causó una trifulca que derivó en el accidente fatal: tres fallecidos en el instante, tres al llegar al hospital y uno después de haber estado en terapia intensiva.
En el caso, hay “connotaciones de tipo criminal” en la actuación de estas personas, dijo el comandante de la Policía Boliviana, coronel Jhonny Aguilera, en el ‘streaming’ La Razón Radio, la mañana de este jueves. Señaló a W. Q. Ch. y también a J. Y. C. L. y R. M. M. G.
Estos hechos “nos permiten establecer algún tipo de irregularidades que se traducen en homicidio culposo y estrago, porque desde nuestra perspectiva el hecho de colocar en riesgo a esa cantidad de personas por razones de orden político no justifica la pérdida de vidas”, dijo.
Por el momento, los tres estudiantes y otros cuatro dirigentes estudiantiles se encuentran aprehendidos, a la espera de medidas cautelares previstas para este jueves.
Móviles políticos
En las primeras investigaciones, la Policía Boliviana estableció móviles más que académicos. La idea era ejecutar “tomas seriales” de distintos centros de estudiantes, que “primero se hizo en la carrera de Administración de Empresas, luego en Contaduría y luego lo pretendían hacer en Economía”, contó Aguilera.
El jefe policial apuntó a W. Q. CH., el líder de los estudiantes de la facultad (área), por la iniciativa; dijo que éste quería colocar a sus afines en los distintos centros de estudiantes. “Al (tener a sus) afines, de acuerdo a la versión expresada por otros estudiantes, (posiblemente quería) manejar o influir en la elección del nuevo decano que se tendría que realizar el 18 de marzo”, explicó el comandante.
En una conferencia de prensa posterior a la entrevista con La Razón Radio, Aguilera dijo que W. Q. Ch. propició una “perfecta conspiración”.
Autoridades
Consultado en el ‘streaming’ de La Razón sobre si los estudiantes fueron movilizados al influjo de docentes o autoridades universitarias, la autoridad policial dijo que aún no hay información al respecto. “Existen versiones disímiles frente a ese extremo; no he querido llegar a ese punto porque no hemos encontrado evidencia material que nos permita ligar estas dos circunstancias”, afirmó.
“Sin embargo, el hecho de tener personas en época de pandemia, sin actividad académica, por lo menos refleja negligencia en el control de ella”, complementó Aguilera en relación a la movilización.
“Las entrevistas con los padres de familia decían que fueron licenciados quienes los convocaron”, agregó.
De todas maneras, en la conferencia de prensa, Aguilera informó que el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, pidió a la Policía Boliviana citar a las autoridades para sus declaraciones. El rector de la UPEA, Freddy Medrano, se encuentra convaleciente y quien asumió sus funciones de forma interina es el vicerrector, Carlos Condori.
Inicialmente, las autoridades “han negado que hubieran admitido la concentración de los estudiantes aduciendo respetar la autonomía del estamento universitario”, contó el jefe policial.
Sin embargo, Aguilera ofreció algunas pistas. Comentó que una de las aprehendidas, R. M. M. G., declaró que la movilización fue en reacción al reconocimiento de las autoridades a un centro de estudiantes presuntamente no elegido en urnas. Pudo haber “algún interés de las autoridades rectoras de esta casa de estudios superiores”, dijo Aguilera.
Las puertas
La asamblea de estudiantes se desarrolló en medio de la emergencia sanitaria, la suspensión de clases presenciales y las restricciones dispuestas ante cualquier aglomeración de personas.
Inmediatamente al incidente trágico, tres guardias de seguridad resultaron los primeros arrestados. Se sospechaba de que hubieran permitido el ingreso irregular de los estudiantes al edificio de la carrera de Administración de Empresas.
La Razón Radio preguntó a Aguilera si en ese trance los estudiantes forzaron a los porteros a abrir las puertas. “No ha habido ningún tipo de forcejeo para el ingreso a la universidad, de ningún tipo”.
Si no hubo forcejeo alguno para el ingreso, se supone que los guardias de seguridad pudieron haber consultado sobre el extremo a los administrativos o autoridades de la UPEA, insistió la transmisión.
“Hay un consentimiento tácito; la justificación que tienen tres vigilantes privados, que están encargados de la custodia, señalan que los ingresos se han producido de manera ‘menuda’, uno a uno”, respondió Aguilera.
¿Llamaron los guardias a alguna autoridad o a algún administrativo?, insistió La Razón Radio. “No”, respondió lacónico el jefe policial.
Aproximadamente, entre 450 y 500 personas coparon el patio, inicialmente, y luego se trasladaron al quinto piso.
Las hipótesis de Aguilera
Aguilera planteó dos hipótesis, por lógica y por experiencia. Por lógica, es “imposible que (los guardias) no se pudieran percatar del ingreso de tantas personas, y por experiencia, en el pasado se usaron “estos argumentos para justificar estas omisiones, que reflejan lenidad”.
“No voy a llamar complicidad en una situación que podría haberse evitado”, dijo.
El jefe policial se declaró sorprendido por que justo ese día las puertas hayan sido abiertas para una asamblea que antes no estaba permitida, en razón de las medidas de bioseguridad contra contagios de COVID-19. “En el pasado, el ingreso era muy controlado, restringido solamente a actividades necesarias”, comentó Aguilera.
Las investigaciones recién comienzan, mientras familiares, amigos y la opinión pública piden el esclarecimiento urgente y sensato de las muertes de Raúl Cadena Choque (21), Genio Esteban Mamani (21), Raúl Yerko Mamani Soria (23), Limbert Lucana, Anahí Chipana (21), Eloida Soza Machaca (21) y Tania Roque Choque (22).
