La violación y el embarazo de una niña de 11 años en Yapacaní, Santa Cruz, genera consternación en el país. Activistas criticaron la intromisión de la Iglesia Católica en el tema y demandaron que se aplique la interrupción legal del embarazo (ILE) al estar en riesgo la vida de la menor que fue abusada por el padre de su padrastro.
Este fue el tema debatido este lunes en el programa Piedra, papel y tinta de La Razón, conducido por la directora de este medio de prensa, Claudia Benavente, y que contó con la presencia de Ana Kudelka, de Católicas por el Derecho a Decidir; Mabel Martínez, de la Defensoría del Pueblo, y Tania Nava, oficial senior de Oxfam Bolivia.
Kudelka remarcó que se somete a la niña a un trauma, porque no tiene la madurez necesaria para asumir el papel de madre. Asimismo, observó que no se respetó la confidencialidad por parte de las entidades que tratan el caso y convocó a que se brinde toda la ayuda necesaria a la víctima.
Por su parte, Martínez denunció que el viernes se tenía programada la interrupción del embarazo de la niña, por lo cual fue trasladada al hospital cruceño Percy Boland, tras un acuerdo entre autoridades judiciales y médicos, empero, la menor y su madre fueron visitadas por personas de una iglesia que les hicieron cambiar de parecer.
Luego vino el pronunciamiento de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra en el que remarca que “Un crimen no se soluciona con otro crimen”. “En tal sentido, la Iglesia ofrece acogida y atención a la niña y a la criaturita que tiene en su vientre, dando hospitalidad gratuita en el Centro de Madres Adolescentes, Madre María, asegurando el apoyo material, médico, psicológico y espiritual para la maternidad y el tiempo post-maternidad” (sic).
Ante ello, Martínez criticó el rol de los administradores y galenos del nosocomio que dejaron sin protección a la menor y su madre, permitiendo que extraños ingresen a hablarles; más aún, dijo que se establecerá responsabilidades de las instituciones que intervinieron en el caso, como de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
Al respecto, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, mediante un boletín, “manifestó su alarma sobre la intervención de una iglesia… y los procedimientos establecidos legalmente para la atención de casos de violación a menores. Dijo que su intención de ‘apoyo temporal’ podría incurrir en acciones que están fuera de norma, como son la guarda y la adopción ilegal. Además, recordó que existe independencia entre religión y Estado”.
Mientras que Nava criticó la postura de representantes religiosos, sobre todo ante la vigencia de un Estado laico. “No podemos pensar que Bolivia cumple estándares de derechos humano con casos como este”, subrayó la abogada, quien pidió alzar la voz y convocar a entidades como el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Defensoría de la Niñez para hacer cumplir la ley con la interrupción legal del embarazo de esta menor.
Martínez señaló que se pidió una evaluación psicológica de la niña para que al final ella decida si quiere interrumpir o seguir con su embarazo. Y reiteró que se revisará el papel del hospital Percy Boland, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia e incluso el Ministerio Público sobre este caso, cuyo autor se encuentra con detención preventiva.
