Marco Lucas Flores (23 años), identificado como el presunto asesino del fray Wilberth Daza, será enterrado en Brasil, después de que el pasado fin de semana se quitara la vida en la celda donde estaba detenido, informó este lunes la Policía Boliviana.
“En este momento, el señor se encuentra sin vida (en el vecino país); sabemos que hay una persona que está residiendo en Brasil y que aparentemente, por cuestiones de orden económico, va a pedir que se lo entierre en ese país”, dijo Jhonny Aguilera, comandante general de la Policía.
El jefe policial, además, recordó que cuando ocurre este tipo de hechos, “ya no hay actividad penal” porque, precisamente, “una de las causales de la extinción (de un proceso) es la muerte del autor”.
Sin embargo, “se ha logrado acreditar la responsabilidad de este individuo en la muerte del fraile que se dio (la noche del 16 de abril) en dependencias de la iglesia de San Francisco en la ciudad de Santa Cruz”, indicó.
Agregó que este asesinato tiene una característica vinculada al odio porque el cuerpo del religioso presentaba 17 puñaladas.
Del mismo modo, “se produjo el (robo) de bienes y de dinero, los cuales fueron (hallados posteriormente) en el inmueble alquilado por este individuo (Marco Lucas Flores), quien (luego) había ingresado (o fugado a Brasil) sin declarar su ingreso” a ese país, señaló.
No obstante, una vez que se efectuó la constatación del crimen, la Policía Boliviana puso a conocimiento de Interpol el pedido de detención del acusado y se activó el sello rojo, que permitió, primero, la identificación y ubicación del entonces prófugo y, segundo, su captura con fines de extradición.
“La Policía Federal (de Brasil) ya lo había aprehendido (…) y el día sábado por la noche, al promediar las 19.30, este sujeto rompió su camisa, hizo como una cuerda y se quitó la vida. En este momento, se están procediendo en Brasil con las actividades de investigación para establecer las circunstancias de esta muerte, pero los elementos idóneos de prueba acumulados por la Policía (de Bolivia) permiten acreditar su responsabilidad en el asesinato (del religioso) y el posterior robo”, insistió.
