Debido al supuesto incumplimiento de la función económica social (FES) y a fraudes en el saneamiento, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) informó de la reversión y la anulación de títulos de 115 mil hectáreas de tierra en Santa Cruz y Beni.
«Se trata de predios en los que personas intentaron burlar la buena fe del Estado y del INRA con documentación que no corresponde y otros recursos, como ganado que no les pertenece», explicó ayer Juan Carlos Rojas, director de la entidad.
La autoridad declaró que se trata de la aplicación de la nueva Constitución Política del Estado, la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y su reglamentación.
Las áreas afectadas son cinco y corresponden a predios cuyos titulares eran familias y empresas vinculadas a bienes raíces.
«Como propiedades recuperadas deben ser dotadas a favor de comunidades indígenas, originarias y campesinas que no tienen tierra», afirmó la autoridad.
En el primer caso, la propiedad se encuentra en el departamento de Santa Cruz y las familias Arteaga y Lozada aparecen como propietarias de cinco predios en una superficie de 27.762 hectáreas. En el proceso, el INRA revirtió 17.440 hectáreas por incumplimiento de la función económica social.
La segunda área, también ubicada en Santa Cruz, estaba ostentada por la familia Monasterio (Ceibo S.A) y fue recortada por incumplimiento de la FES en 21.011 hectáreas. «En las pericias se comprobaron irregularidades en las marcas del ganado con distinto origen», señaló el titular de la entidad.
Procesos. En el tercer caso, el INRA anuló el proceso de saneamiento de 51.282 hectáreas al verificar que la familia Áñez accedió al área por medios fraudulentos y vicios insubsanables. Asimismo, en la cuarta área, que corresponde a la familia León Estatuti, se comprobó que se presentó documentación fraudulenta, lo que derivó en la recuperación para el Estado de 12.750 hectáreas.
«En el proceso se verificó que se utilizó un expediente desplazado a 57 kilómetros, es lo que llamamos expediente volador, para consolidar derechos de un lugar con documentación de otro terreno», dijo Rojas.
El último caso se presentó en el departamento de Beni. Se trata de la propiedad de la familia Cabrera de Vergara (Terrasur) a la que se recortó 13.333 hectáreas por incumplimiento de la FES y fraude. «En esta área se usó ganado que no le pertenece para justificar la FES. Además, se utilizó una documentación con expediente desplazado (de otra propiedad) a 10 kilómetros», explicó.
La autoridad informó que una vez que se informó sobre las determinaciones, recibió amenazas de los abogados del señor Monasterio. «Lo que les pedimos es que recurran a las vías legales que les corresponden», acotó.
Sin posición sobre expulsión
En el caso de Jorge López Videla, dueño de una propiedad en los Yungas, quien fue expulsado por los comunarios de Santa Bárbara, el director del INRA opina que ambas partes tienen razón.
«No hemos tenido conocimiento formal del caso, no hay denuncia, pero al enterarnos por los medios, se envió al director departamental para que se sugiera que acudan ante el juez de Coroico, para que atienda el caso», dijo. Para la autoridad nacional de tierras, el evento se originó por «una cancha de fútbol y ambas partes tienen la razón».
López denunció que pese a cartas enviadas a la Policía, Defensor del Pueblo, INRA y otras entidades, ninguna acudió en su ayuda, pese a que cuenta con toda la documentación que acredita la propiedad de 50 hectáreas. «No voy a renunciar al derecho que me corresponde y exijo que me devuelvan mi propiedad», dijo.
