El artículo 66 del borrador propuesto la semana pasada a las universidades privadas por el Ministerio de Educación, establece que la determinación tiene el objetivo de garantizar la calidad de los procesos educativos y que estas instituciones cumplan con ofrecer espacios pedagógicos apropiados.
En ese marco, el inciso a) refiere que, «para las actividades docentes de tipo teórico, se define un número máximo de 40 estudiantes por aula. En caso de que se sobrepase este número, la Universidad estará obligada a habilitar un grupo paralelo».
El inciso b) del mismo artículo agrega que, «para las actividades prácticas se recomienda un número máximo de 25 estudiantes por aula», es decir laboratorios, talleres u otros espacios destinados a la práctica.
Diálogo. Las instituciones miembros de la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP) anunciaron el viernes que discutirán el contenido del reglamento propuesto por el Gobierno en un encuentro a desarrollarse a fin de mes. En tanto que desde el ministerio del área ayer se informó que la ANUP será convocada a un encuentro nacional para el 9 y 10 de septiembre a fin de recibir algunas observaciones y modificaciones.
El reglamento establece un plazo de hasta tres años para que las universidades privadas se adecúen a la norma. Así, los contenidos académicos deberán ajustarse en un periodo de seis meses desde la puesta en vigencia de las disposiciones, y la infraestructura física deberá estar readecuada en 36 meses, de lo contrario el Ministerio de Educación, de oficio, procederá a la revocatoria de su apertura y funcionamiento por incumplimiento.
Norma y ejercicio
La Constitución Política del Estado establece en su artículo 94 que: «Las universidades privadas se regirán por las políticas, planes, programas y autoridades del sistema educativo. Su funcionamiento será autorizado mediante decreto supremo, previa verificación de cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos por la ley». La propuesta de reglamento está en el marco de la CPE y da cumplimiento a la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez que regula la educación.
