Dos organizaciones indígenas del norte amazónico plantean que la región sea objeto de un régimen especial de gestión pública. Con el lema “De la Amazonía para la Amazonía”, se postula un “desarrollo integral” sustentable.
La propuesta tomó cuerpo en el anteproyecto de Ley de De-sarrollo Integral de la Amazonía Boliviana, elaborado por la Central Indígena de la región Amazónica de Bolivia (Cirabo) y la Central Indígena de Pueblos Originarios Amazónicos de Pando (CIPOAP). El documento ya fue presentado a la Asamblea Legislativa.
En el anteproyecto, que contiene 21 artículos, destacan dos grandes ejes: las “condiciones generales del desarrollo integral amazónico”, con base en la visión que tienen los indígenas de la economía sustentable; y el ente institucional que consideran más adecuado para “gobernar” la zona.
Entre las condiciones (artículo 6), por ejemplo, se plantea el apoyo a la actividad económica tradicional mediante incentivos tributarios; además siempre se la priorizará sobre cualquier otra actividad. En esta línea, toda actividad que destruya o contamine el medio ambiente será causal de la reversión directa de la propiedad de quien cometa ese “delito”.
Asimismo, se prohíbe toda “actividad agrícola mecanizada, la ganadería extensiva y los proyectos agropecuarios intensivos comerciales” por no ser sustentables.
Prohibiciones. En los Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC) se prohíbe “el uso extractivo o consuntivo (ése que agota lo que explota) de recursos renovables y no renovables”. Aquí, sobre todo se piensa en la madera, la riqueza forestal, aclara el secretario de Tierra, Territorio y Recursos Naturales, de la Cirabo, Édgar Amutari.
En cuanto a la gran infraestructura en la Amazonía, específicamente tendidos eléctricos, carreteras principales e hidroeléctricas, el anteproyecto enfatiza en el límite “nacional” que debe tener el desarrollo. Estas obras, dice, “serán diseñadas de acuerdo con los requerimientos regionales y nacionales, estando únicamente destinadas para satisfacer las demandas internas del país en una escala que no ponga en riesgo la vida, integridad cultural y la preservación del medio ambiente”.
Una de las mayores novedades del anteproyecto es la creación del Servicio de Desarrollo Integral Amazónico Boliviano, Sediabol, órgano descentralizado y con autonomía de gestión técnica y financiera bajo tuición del Ministerio de Planificación y Desarrollo.
Entre otras cosas, el Sediabol administra un fondo especial de proyectos y programas propuestos por las comunidades indígenas; interviene en las decisiones del Estado central en proyectos binacionales o multinacionales en la Amazonía boliviana; eleva a nivel nacional propuestas de un régimen fiscal especial para favorecer el desarrollo integral de la zona.
El Sediabol tendrá 15 miembros y allí estarán desde representantes indígenas hasta alcaldes de los municipios involucrados, pasando por federaciones de campesinos, delegados provinciales, de las gobernaciones y del Gobierno nacional.
Anteproyecto sugiere una asamblea
El anteproyecto de Ley de Desarrollo Integral de la Amazonía Boliviana propone, además, la puesta en marcha de una Asamblea Amazónica, paralela a Sediabol, que en los hechos es el órgano ejecutivo (conformado por un consejo directivo, un director general y tres directores regionales).
Esta asamblea estará formada, entre otras, por el Estado nacional, las entidades territoriales autónomas, organizaciones sociales, pueblos indígenas y diversas instituciones presentes en la Amazonía boliviana. Es el espacio de planificación por excelencia, pues es aquí donde se acuerda el Plan Operativo Anual, POA amazónico.
“La asamblea va a ser conformada por todos los actores sociales e instituciones del norte amazónico boliviano, no sólo por los indígenas”, apunta el dirigente de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (Cirabo), Édgar Amutari.
¿Cuál será la relación del Sediabol y la Asamblea con la estatal Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf)? “Ademaf para no-sotros nos ha salido como una organización paralela, sin representación social ni de los pueblos indígenas, sin consultar a los dueños de casa”.
