El área de Adultos Mayores del Ministerio de Justicia recibe cada semana al menos dos denuncias de ancianos despojados de sus bienes inmuebles por su propia familia o por personas ajenas. Una comisión elabora una norma para endurecer las sanciones contra estos delitos.
Paulina Limachi tiene 68 años de edad y no tiene dónde vivir porque su hijastro la despojó, el año pasado, del terreno donde vivía desde que falleció su esposo. Aquel día ella fue agredida físicamente, pero pese a la denuncia aseguró que las autoridades no la atienden y por ello aún no puede recuperar su casa.
“El año pasado, el hijo de mi esposo se entró a mi terreno, me dijo: ‘Esto es de mi papá’; hemos discutido mucho. Le dije que cómo me va a quitar si yo vivo ahí, pero me respondió: ‘Cállese vieja’, después me empujó y arrastró; le pegué con mi bastón, pero él agarraba un machete y me hirió la mano, al ver la sangre se escapó”, relató Limachi en el último boletín de HelpAge, organización que trabaja en favor de los derechos de los adultos mayores.
Cada semana, el Ministerio de Justicia recibe al menos dos casos similares provenientes tanto de áreas rurales como urbanas, en los que los principales despojadores son los mismos familiares, hijos o personas ajenas, informó ayer Donny Ali, coordinador del área de Adultos Mayores del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades dependiente de dicho ministerio.
Para la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia (Anambo), este “abuso” contra personas de la tercera edad es recurrente, sobre todo en los últimos años, pues aseguran que los casos se incrementaron, razón por la que consideran que es una de las principales problemáticas que deben atender las autoridades nacionales y regionales.
HelpAge resalta, en un boletín informativo, que hay evidencia creciente de que en los últimos años Bolivia refleja un aumento en la apropiación ilegal de tierras pertenecientes a ancianos; además señala que en algunos casos son las mismas autoridades de comunidades rurales quienes la cometen.
“A menudo, el despojo de tierras incluye actos de violencia contra las personas mayores y el sistema jurídico, para resolverlos, supone muchas trabas burocráticas, es muy costoso y dilatado. HelpAge International opera un número cada vez creciente de servicios sociolegales en Bolivia, pero no tiene la potestad para tratar casos penales graves como el de Paulina. La mayoría de los casos de despojo no han sido resueltos”, indica el documento.
Norma. Ley Integral de las Personas Adultas Mayores es el nombre del proyecto que presentará en octubre la comisión conformada por miembros de Anambo y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. El texto busca el endurecimiento de las sanciones por abusos en contra de este sector de la población, entre ellas figura el despojo ilegal de bienes materiales, señaló Ali.
“La norma está en la etapa final, el reto es que sea promulgada este año porque es una de las 70 leyes prioritarias de 2012 para el Gobierno. La propuesta es que el despojo sea considerado un delito agravado cuando sea contra adultos mayores; también planteamos que sean delitos de instancia pública para que los fiscales los atiendan de oficio”, explicó Ali.
El presidente de Anambo, Carlos Loza, aseguró que las organizaciones sindicales, cooperativas y sectores de colonización continúan vulnerando los derechos propietarios de los ancianos, razón por la que —dijo— urge la norma. “Queremos que esta ley sea un instrumento de protección que sancione a las personas que abusan de los adultos mayores, incluso tenemos documentación de crímenes por parte de parientes debido a herencias”, indicó.
Hoy es el día del adulto mayor
Cada 26 de agosto se recuerda el Día del Adulto Mayor en el país. Una marcha programada para las 09.00, desde la avenida Montes hasta El Prado, dará comienzo a las actividades. Además, la Alcaldía y la Gobernación preparan festivales y agasajos en los asilos.
Los choferes se declaran en emergencia
Rechazan los reglamentos de la Ley de Transporte por la falta de consenso
La Federación Departamental de Choferes de La Paz y la Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros (CUTUP) rechazan los cuatro reglamentos de la Ley Municipal de Transporte, elaborados por la Alcaldía de La Paz.
Tanto el ejecutivo de la Federación, René Vargas, como el secretario ejecutivo de la CUTUP, Gonzalo Millares, rechazan aumentar la exención del cobro de pasajes a los niños de hasta seis años de edad, así como tener que asumir el pintado de los vehículos según el tipo de servicio que ofrezca cada uno, como plantea uno de los reglamentos de la norma de transportes.
Alegan que no han sido convocados por la municipalidad para discutir las propuestas y se declararon en situación de emergencia. “En caso de que no seamos escuchados, vamos a hacer marchas. No se descarta un paro de 24-48 horas”, enfatizó Millares.
Sin embargo, el director de Movilidad, Transporte y Vialidad, Julio figueroa, aseguró que la semana pasada se invitó por escrito a los dirigentes de esas organizaciones a una reunión para discutir las propuestas, pero que sólo acudieron los cooperativizados.
La semana pasada, la Alcaldía hizo conocer que ya se terminaron de elaborar cuatro de los siete reglamentos de la Ley Municipal de Transporte: de infracciones, del comité multidisciplinario, de rutas y recorridos, y de pasajes.
