Aunque las salas de emergencia permanecerán abiertas, el sector médico nacional no dará atención privada por 48 horas y no otorgará servicio de anestesiología por 12. La ministra de Salud, Ariana Campero, llama por sexta vez a que se reinicie el diálogo.
La ministra de Salud, Ariana Campero, reiteró ayer —por sexta vez— su llamado al diálogo a los dirigentes del Colegio Médico de Bolivia, quienes continúan con medidas. La autoridad dio a conocer que los galenos le informaron que no asistirían a la reunión convocada para ayer, a las 13.00, en Santa Cruz, en la que se buscarían acuerdos.
Aníbal Cruz, presidente del Colegio Médico de Bolivia, dijo que no acudieron por falta de transporte y que esperan un llamado oficial al que están dispuestos a asistir. Sin embargo, esta semana radicalizarán sus medidas de presión. Hoy continúa el paro indefinido, al que se suman los anestesiólogos por 12 horas.
El sector médico no está de acuerdo con el proyecto de Ley del Código Penal, que incluye sanciones a la mala praxis. Su posible aprobación reinició el conflicto existente por el Decreto 3385 (que instruye la creación de un ente fiscalizador para este sector), cuando el jueves 7 de este mes la ministra anunció que además se reglamentarán los aranceles médicos.
“Ya el Colegio Médico ha tenido un desborde de nuestras bases porque esta situación ha irritado a todos los médicos del país. No se están pudiendo controlar las manifestaciones de enfado. Por eso, este lunes, los consultorios y las clínicas privadas se van a cerrar en todo el país durante 48 horas. La Sociedad Boliviana de Anestesiología va a tener una jornada científica permanente en los colegios médicos departamentales por 12 horas”, anunció.
Campero afirmó que el diálogo sobre el Decreto 338 empezará de cero, así se abrirá la posibilidad de que los galenos presenten una propuesta propia. En respuesta, Cruz adelantó que los médicos cuentan con un documento elaborado por una comisión técnica y que es necesario reconocer que el sector estuvo permanentemente sometido a una fiscalización. “El sector de la seguridad social tiene su ente fiscalizador, la parte pública y privada también, y siempre han estado fiscalizadas, controladas y reguladas, como manda la Constitución Política del Estado. No me explico por qué tiene que haber otro ente más cuando el ministerio ya tiene todos los mecanismos de coordinación y cumplimiento junto a las gobernaciones y municipios”.
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