La Defensoría del Pueblo planteó al Gobierno una propuesta de política pública para frenar la violencia hacia mujeres en atenciones de gestación y salud reproductiva conocida como violencia ginecobstétrica y que se practica en los centros de salud del país de índole privado y público.
De acuerdo con un boletín institucional, en Bolivia más del 63% de las mujeres que fueron atendidas durante su parto en un centro de salud fueron víctimas de violencia ginecobstétrica.
La Encuesta de Prevalencia y Características de Violencia contra la Mujer del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2017, muestra quejas de mujeres que, en los últimos cinco años, fueron sometidas a múltiples formas de maltrato durante su gestación, parto y postparto.
Los mayores reclamos apuntan a los hospitales públicos (68,3%), pero además alcanzan a la seguridad social (64,2%) y a clínicas privadas (35,4%).
A partir de esta realidad, la defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, elaboró una propuesta que presentó el miércoles a los ministerios de Justicia y Transparencia Institucional y de Salud sobre la política pública para prevenir ese tipo de violencia de género, que, denunció, se ejerce dentro de un marco de subordinación y discriminación que deriva en la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos.
“La violencia obstétrica y ginecológica involucra distintos tipos de violencia hacia las mujeres, como la violencia física, psicológica, institucional y simbólica, no obstante se constituye en este momento la violencia de género menos registrada, más silenciada y naturalizada en nuestra sociedad, lo que lleva a que las mujeres violentadas, en algunos casos, no presenten reclamos o quejas sobre comportamiento vejatorios que pudieron haber recibido en algún centro de salud”, afirmó.
La propuesta contó con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y tiene como principal objetivo contribuir a garantizar el respeto y protección de los derechos de mujeres durante el embarazo, parto y puerperio; aporta, además, en la eliminación de prácticas y actitudes racistas y/o discriminatorias de parte del personal de salud.
Su construcción está basada en consultas realizadas a diversos actores del sector salud y de la sociedad civil. En ellas se evidenció espacios no adecuados ni acondicionados para brindar una atención humanizada del parto y nacimiento; prácticas de atención que incumplen con lo establecido en la normativa de salud, inexistencia de mecanismos de registro y atención a la violencia ginecobstétrica; y una recurrente cultura permisiva de este tipo de violencia. (04/04/2019)
