En las últimas reuniones para aplicar el decálogo contra la violencia, presentado el 15 de julio por el Gobierno, se acordó que la Fiscalía y el Órgano Judicial deben resolver el 80% de procesos por feminicidio y violencia sexual hasta el 15 de diciembre.
El Servicio Plurinacional de la Mujer y de Despatriarcalización, con datos de la Fiscalía General del Estado, precisó que desde marzo de 2013 hasta julio de 2019 se registraron 628 casos de feminicidio en el país. Los registros parten de 2013, porque en ese año se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348), que tipifica la figura del feminicidio.
Del total de los casos reportados, 288 no fueron solucionados, señaló la directora del Servicio Plurinacional de la Mujer, Tania Sánchez. Con base en los datos de la Fiscalía, detalló que de los 288 procesos, 76 (26,4%) están en etapa preliminar; 74 (25,7%), en fase preparatoria; y 138 (47,9%) están ya en juicio.
El presidente Evo Morales presentó el 15 de julio un plan con 10 pactos, que denominó “Decálogo contra la violencia” y en el que se suman diferentes ministerios, instancias de Justicia y otras con una serie de acciones específicas. (Ver el recuadro)
Posterior a ello hubo reuniones para definir acciones con base en los 10 pactos. En el tercero se establece que “el Ministerio Público y el Órgano Judicial deberán priorizar la resolución de casos hasta el 15 de diciembre de 2019, de al menos el 80% del total de los procesos por feminicidio y violencia sexual, iniciados desde 2013”.
Del 1 de enero al 2 de junio de 2019 se registraron unas 1.159 violaciones en Bolivia, según la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), aunque la cifra no refleja la realidad porque las víctimas no siempre denuncian.
Sánchez observó que desde 2013 hay 150 casos de feminicidio en fase de investigación (preliminar y preparatoria), cuando éstos debían concluir en seis meses, y 138 en juicios, cuando el proceso no pasa de los tres años. “Es decir que hace seis años las familias no tuvieron respuesta al feminicidio de su hija, madre o hermana”.
Otra acción específica que menciona el pacto 3 es la conformación de una comisión interinstitucional con representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Servicio Plurinacional de la Mujer, que tiene la tarea de hacer el seguimiento de los casos.
“La firma del pacto con la comisión será en esta semana. Hay predisposición de todas las instancias para agilizar los procesos. En estos meses se revisará la situación de los casos de feminicidio, que serán los primeros en resolver, según se acordó en las últimas reuniones. Se analizará cada documento para que estén listos para el proceso”, indicó.
Agregó que la comisión, además de revisar los casos, se reunirá con familias, identificará cuáles son los “cuellos de botella” que obstaculizan el proceso y evaluará al personal de su dependencia. Los resultados del plan serán evaluados en diciembre de este año.
Dar celeridad a los casos está ligado con la Ley 1173, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de Lucha Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, puesta en vigencia el 3 de mayo del año lectivo.
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, en una entrevista con La Razón publicada el 20 de julio comprometió resolver los casos de feminicidio en tres meses y anunció que para ello la Fiscalía Especializada en Víctimas de Atención Prioritaria de La Paz será reforzada con 15 fiscales.
