Tras 10 años del asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, se dictó este viernes una sentencia condenatoria de 30 años de cárcel contra 2 de los 11 implicados en un hecho que destapó un caso de corrupción en la estatal YPFB y el encarcelamiento del entoncs hombre fuerte del oficialismo, Santos Ramírez.
Rufino Rodríguez Caero y Franz Michael Rodríguez Caero fueron sentenciados a 30 años de prisión sin derecho a indulto, tras ser hallados culpables de la muerte de O'Connor e identificados como los autores materiales del delito de asesinato y robo agravado. La sentencia será cumplida en el penal de San Pedro de La Paz.
Sandra Verónica Mamani Quispe y María del Carmen Rodríguez Caero fueron condenadas a dos años de cárcel por la comisión del delito de receptación del dinero robado. Ambas deben cumplir la condena en la cárcel de Obrajes.
El Tribunal decidió absolver a los acusados Ernesto Vladimir Córdova Santiváñez, Luis Fernando Córdova Santiváñez, Ariel Carlos Montaño Fuentes, Lucio Lazo Contreras, René Javier Navia Doria Medina y Franklin Gonzalo Aramayo Doria Medina. En cuanto al acusado Yerko Soto (prófugo) el juez presidente Joaquin Moller no se manifestó, informó el Ministerio Público.
"Lo que le extraña al Ministerio Público es la absolución de los autores intelectuales, tomando en cuenta que el 27 de enero de 2009 se ha planificado un atraco. Extraña a la Fiscalía la determinación de este Tribunal, una vez notificados con esta resolución, vamos a presentar la apelación restringida como establece la Ley", anunció el fiscal Eddy Flores.
La muerte del empresario O'Connor destapó un caso de corrupción en la estatal Yacimeintos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que derivó en la destitución y encarcelamiento de su entonces presidente, Santos Ramírez Valverde; por entonces uno de los hombres fuertes dentro de la estructura del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La fiscal Dubravka Jordán aseguró que presentó durante el juicio 164 pruebas documentales, testificales y periciales que sirvieron para la individualización de los responsables y el grado de participación.
No obstante solo cuatro fueron sentenciados. Ante esa situación, se anunció una demanda por prevaricato en contra del juez del proceso.
Caso Corrupción YPFB
La mañana del martes 27 de enero de 2009, O’Connor fue asesinado en la casa número 601, de tres pisos, sobre la avenida Tejada Sorzano. La Policía informó que al empresario le robaron en la escena del crimen un maletín con $us 450 mil. La casa pertenecía a Gonzalo Aramayo Doria Medina, cuñado político de Ramírez Valverde.
Aramayo resultó ser primo de Giovana Navia Doria Medina, diputada suplente del MAS en la primera gestión de gobierno del presidente Evo Morales y exesposa de Ramírez.
O’Connor era socio de Catler-Uniservice, empresa que firmó el 14 de julio de 2008 un contrato con YPFB para construir la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, en el departamento de Santa Cruz. El costo de la planta ascendía a $us 86,35 millones.
Las investigaciones determinaron que el dinero robado serviría para el pago de una supuesta coima por la adjudicación del proyecto.
Tres días después del suceso, Ramírez negó cualquier responsabilidad y explicó que la contratación de la sociedad accidental que debía construir la planta separadora era legal.
Al día siguiente, el presidente Morales separó a Ramírez de YPFB. Instruyó también la suspensión inmediata de otros 10 funcionarios de la petrolera estatal, entre ellos Mario y Juan Carlos Navia Doria Medina, hermanos de la esposa de Ramírez Valverde. (06/09/2019)
