La comisión mixta del Legislativo que investigará e identificará las causas de la retardación de Justicia en casos de feminicidio activa su labor con audiencias para recibir a los familiares de las víctimas de feminicidio en La Paz. La próxima semana lo hará con familiares de casos registrados en Cochabamba y con autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público.
De forma paralela, se gestionan de manera urgente las Peticiones de Informe Escrito (PIE) para que las autoridades responsables del sector reporten el estado de más de un millar de procesos, informó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lino Cárdenas, miembro de la comisión.
“Mañana estaremos en una primera audiencia, recibiendo a los familiares de las víctimas en La Paz, posteriormente, la próxima semana estaremos recibiendo en audiencia a las autoridades máximas del Órgano Judicial, que tienen relación con el tema como el Fiscal General (Juan Lanchipa) y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (José Antonio Revilla)”, entre otros, informó a radio Cepra.
La presidenta de esa repartición, la diputada Sonia Brito, invitó a las familias a apersonarse a las oficinas para presentar su caso.
De acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, de 1.144 casos referidos a ese ilícito, solo 28 tiene una sentencia ejecutoriada. Por ello, la comisión ha pedido los legajos de las investigaciones y los juicios “para ver cuáles son las fallas para que tengamos una retardación de Justicia”.
Cárdenas avizoró que la labor de la comisión terminará con al menos dos tareas, la primera establecer las “responsabilidades” de los operadores de Justicia y de los fiscales vinculados a los casos para luego “denunciar estos hechos a la autoridad pertinente para que se hagan los procesos” judiciales en la vía ordinaria.
“(La denuncia) tiene que ser aprobada por el pleno de la Asamblea y dirigirse como denuncia a la Fiscalía para que se abra un proceso contra, por ejemplo un juez, por prevaricato, incumplimiento de deberes o algún otro ilícito para ser juzgado como un delito ordinario establecido en Código Penal”, explicó Cárdenas.
Otro camino que puede asumir la comisión es “establecer la necesidad de hacer un cambio en el procedimiento, en el Código Procesal Penal, que es el que permite hacer los procesos y establecer las sanciones”.
Esto en caso de que se determine que “el procedimiento es el que obstaculiza y se presta a la chicana jurídica que no permita el avance de los procesos”. En ese escenario, “puede concluir también en plantear reformas de tipo legislativo” inclusive a través de una norma que Cárdenas avizora se pueda aprobar antes del término de la legislatura en curso. (25/09/2019)
