La retardación de justicia en los casos de feminicidio fue atribuida, tras un trabajo de identificación de factores, a que los acusados acuden a audiencia sin abogado o a la falta de notificación a las partes. A partir de ahora, los jueces no pueden suspender ninguna audiencia baja sanción disciplinaria.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Grover Cori, informó de la decisión tomada, luego de la reunión de los miembros de la Comisión Interinstitucional para la priorización de casos de feminicidios que se fijaron como meta la resolución de al menos 80% los casos de feminicidio.
Hasta la semana pasada fueron registrados 92 feminicidios, de ellos están en La Paz 30. Los miembros de la comisión trabajan en los hechos suscitados en este departamento para luego, con la misma metodología de trabajo trazado, priorizar los hechos en Cochabamba y Santa Cruz, departamentos que también concentrar el mayor número de hechos.
De acuerdo al diagnóstico, la retardación de justicia en La Paz se debe a que los acusados acuden a audiencia sin abogado y a la falta de notificaciones. Cori afirmó que no debe volver a ocurrir esa situación y recordó que el juez deberá convocar a un abogado de oficio en caso de que el acusado se encuentre sin defensa legal.
“No se puede suspender ninguna audiencia bajo sanciones disciplinarias”, advirtió.
También estuvieron en la reunión el fiscal Departamental de La Paz, Williams Alave; el representante de La Paz del Consejo de la Magistratura, Aldo Castro; el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, coronel Miguel Mercado, y la directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, Tania Sánchez.
Alave anunció que en el más corto tiempo posible y en el marco de las normas legales se presentará acusación formal en aquellos feminicidios que estén en etapa preparatoria con el objetivo de llegar a un juicio y sentencia, aunque aclaró que el juicio depende y está en manos de los jueces.
Otra de las preocupaciones de la Comisión son los infanticidios y la violencia sexual, delitos que también son objeto de medidas para resolver la retardación de justicia.
Sánchez explicó que en seis años fueron registrados más de 600 feminicidios, de los que solo 35% llegaron a sentencia.
Por su parte, la Asamblea Legislativa Plurinacional también formó una comisión para identificar los factores de la retardación de justicia. (30/09/2019)
