Colectivos y familiares de una misionera denunciaron al sacerdote José María P. por supuestamente doparla y violarla en 2017 en San José de Chiquitos. El obispo Robert Flock lo defendió y dijo que es una “estrategia” para vivir “a costo de la Iglesia”.
El caso fue denunciado en 2019 ante la Fiscalía de San José de Chiquitos, en Santa Cruz. El fiscal Clovis Ugarteche lo rechazó, pero los familiares acudieron al Ministerio de Justicia, que instruyó al funcionario enviar el cuaderno de investigación. Éste llegó finalmente el 21 de enero a la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz.
“El fiscal Ugarteche debía mandarlo en cinco días, pero tardó varias semanas. Si bien el proceso fue rechazado, no está cerrado, tiene una objeción y hay la posibilidad de que sea reabierto, en eso estamos, exigimos justicia”, sostuvo Juan de la Cruz, hermano de la presunta víctima, junto a activistas de la “Articulación de mujeres feministas independientes”, que se sumaron a la demanda.
Las protestantes recorrieron calles y avenidas con carteles en demanda de atención al caso y sanción al supuesto agresor.
De la Cruz acusó a Ugarteche de parcializarse con el agresor por su condición de sacerdote y por investigar a la denunciante y no así al agresor.
En 2017, la misionera se desempeñaba en el templo de San José de Chiquitos, pero luego comenzó a cooperar con la parroquia a donde llegó el sacerdote argentino José María P., de la iglesia Verbo Encarnado.
Según la denuncia, el religioso se ganó la confianza de otros sacerdotes, sacristanes y de la misionera. “Lastimosamente, José María P. no tardó mucho en mostrar su verdadero rostro y generar una conducta violenta, abusiva, prepotente y acoso hacia mí”, relata en una carta la denunciante, quien ahora reside en La Paz.
En la misiva agrega que en 2017, cuando ella tenía 39 años, en el trayecto a Santa Cruz, distante a 266 kilómetros, “fui dopada y violada por este sujeto”.
Al respecto, Robert Flock, obispo de la Diócesis de San Ignacio de Velasco, al que pertenece San José de Chiquitos, rechazó la versión y defendió al denunciado.
A través de un comunicado oficial que envió la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Flock indica que el religioso “goza de buena fama en la atención pastoral”.
Añade que la parte acusadora “no ha presentado evidencia alguna que avale, mucho menos compruebe sus acusaciones”.
El monseñor complementa que ante la denuncia contra el argentino decretó “su inmediata suspensión del ministerio”. El fiscal impuso las medidas cautelares, que consistían en no acercarse a la denunciante, ni a su residencia. El cura fue transferido luego a la región de Taperas, en Santa Cruz, y ahora, de acuerdo con De la Cruz, estaría en Argentina.
El obispo considera que “hay fuertes motivos para considerar estas acusaciones como calumnias” y que se trata de una “estrategia para poder permanecer viviendo en la casa parroquial y a costo de la Iglesia”.
De la Cruz denunció que autoridades de San José de Chiquitos dieron plazo hasta este jueves para que la misionera, además de los padres Hubert Fleydel y el vicario Elvio Pinto, quienes la apoyan, abandonen esa región. La población del lugar, en su mayoría, son creyentes católicos.
