De forma sorpresiva, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, presentó este miércoles una acción popular para que la Justicia ordene la habilitación del hospital de Montero que a la fecha no fue abierta por entuertos legales. La región es una de las más afectadas por el COVID-19.
“Presentamos este recurso para que el hospital de Montero se abra sí o sí, mediante el Órgano Ejecutivo, la Justicia o mediante el poder popular. No se puede esperar más ante esta situación y, por eso, he presentado esta acción popular, que es constitucional, para que la Justicia también determine que se abra este hospital. No se le va a dar más vuelta al asunto”, dijo la autoridad departamental al presentar el recurso.
No obstante, matizó: “No es una acción contra nadie, es una acción a favor de los ciudadanos y de la vida”, pero la tuición sobre el hospital es del Gobierno central.
Sobreprecio
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deslizó incluso la posibilidad de un sobreprecio en la obra que fue gestionada en la administración de Evo Morales.
“Todas esas cosas son solucionables. Le hemos mandado al Gobierno una acción legal para que se pueda hacer eso y el Gobierno tiene que intervenirlo; si no lo va a hacer, tendrá que hacerlo la Justicia, o si no tendrá que ser orden popular para que de una vez pueda funcionar este hospital”, afirmó.
El Gobernador espera que la Justicia se pronuncie en un plazo de 48 horas. “Mientras tanto esperamos que el Órgano Ejecutivo tome las decisiones que tenga que tomar; ése es el camino y no tiene más vueltas, se han dado todas las consideraciones, la gente está desesperada”.
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Hace un par de semanas, Murillo, llegó hasta Montero para realizar una inspección.
En ese marco, anunció su apertura para el 18 de mayo, pero no se concretó.
El titular del Gobierno había dicho entonces que el proyecto tiene un contrato “llave en mano”, lo que significa que debe ser entregado totalmente equipado.
Recordó que recibir la infraestructura con temas pendientes implicaba un riesgo legal que las autoridades de Gobierno estaban dispuestos a correr.
La empresa constructora, según el Gobierno, tenía 213 ítems observados de los 687 que tiene el contrato.
Se subsanaron los más relevantes, entre ellos el suministro de agua, alcantarillado y el tratamiento para residuos sólidos para que se entregue la obra de manera provisional. (27/05/2020)
