El exdiputado Tomás Monasterio, el exsecretario departamental Vladimir Peña y la activista Nadia Beller, mediante una nota, solicitaron este martes al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, “abrir un proceso de fiscalización para establecer las responsabilidades” por la no reapertura del Hospital “Óscar Urenda” de Montero, que está cerrado desde hace más de cinco meses pese a la existencia de una sentencia constitucional.
En ese sentido, recordaron que debido a la emergencia sanitaria, provocada por la pandemia del COVID-19, la justicia constitucional ordenó en su momento la apertura “extraordinaria y excepcional” del Hospital de Montero pese a que el mismo aún no estaba concluido.
De acuerdo a los fundamentos de la sentencia constitucional SCP 0008/2021-S4, las instituciones públicas tienen que garantizar el derecho colectivo a la salud de la población con todas las herramientas a su alcance, sin que los procedimientos administrativos sean un óbice o impedimento para cumplir la finalidad mayor de tutelar los derechos fundamentales.
Es así que en cumplimiento de dicha disposición constitucional, se adecuaron los mecanismos para abrir el nuevo nosocomio, especialmente, con el fin de atender a los pacientes graves y críticos del COVID-19.
Sin embargo, “el hospital funcionó (solo) hasta el 31 de agosto de 2021 (y luego) se lo cerró con la promesa de abrirlo 20 días más tarde; pero han pasado más de cinco meses sin que ello hubiese sucedido”, lamentaron Monasterio, Peña y Beller en su nota enviada a Matkovic..
Mientras sigue transcurriendo la cuarta ola de la pandemia y también, según su versión, se continúa incumpliendo la citada sentencia constitucional.
Por lo que, en pasados días, incluso presentaron una denuncia por incumplimiento de la sentencia constitucional. Y a través de ella “hemos podido constatar que la situación es más grave y alarmante porque, por una parte, el Ministerio de Salud y la Gobernación de Santa Cruz han privado arbitrariamente a los ciudadanos de la atención en el hospital, y por otra, existe una actitud negligente en la puesta en marcha total del hospital”, alertaron.
Además, “lo más sorprendente es que la Gobernación, al contestar la denuncia por incumplimiento de la sentencia constitucional, en vez de adherirse a la misma, (…) ha actuado como ‘abogado defensor de oficio’ del Ministerio de Salud, primer obligado a garantizar la apertura del hospital. Decimos esto, porque de los alegatos del Ejecutivo departamental y su particular interpretación de la realidad, se puede colegir lo siguiente: que la Gobernación estuvo de acuerdo con el cierre del hospital y no accionó su reapertura porque (supuestamente) el sistema sanitario público no fue colapsado”, agregaron.
Porque, según los denunciantes, solo con datos incompletos de un día de enero, se informó a la justicia constitucional que el sistema en la cuarta ola no fue rebasado, por eso —a entender del Ejecutivo departamental— no era necesario la reapertura del nosocomio.
“Una explicación que no tiene ningún asidero con lo ordenado por la justicia constitucional, porque insistimos: ‘la obligación de mantener abierto el hospital no está condicionado a que el sistema esté rebasado’”, subrayaron.
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