La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este lunes las «severas restricciones» impuestas por Israel contra extranjeros que quieren entrar o residir en Cisjordania, una nueva política que entró en vigor en octubre y que se encamina a convertir la zona en «otra Gaza».
«Al dificultar que la gente pase tiempo en Cisjordania, Israel está dando un paso más para convertir Cisjordania en otra Gaza, donde dos millones de palestinos han vivido prácticamente aislados del mundo exterior durante más de 15 años», ha denunciado el subdirector para Oriente Próximo de HRW, Eric Goldstein.
En este sentido, ha dicho que la nueva política israelí, que entró en vigor el pasado mes de octubre, «está diseñada para debilitar los lazos sociales, culturales e intelectuales que los palestinos han tratado de mantener con el mundo exterior».
Las pautas, redactadas por COGAT, el organismo del Ministerio de Defensa israelí responsable de los asuntos civiles palestinos, incluyen a académicos, estudiantes, voluntarios y otras figuras que, para entrar en Cisjordania, están obligadas a solicitar a Israel en una embajada israelí en el extranjero, o a través de la Autoridad Palestina, un permiso con fines específicos.
Los extranjeros elegibles para un permiso de visitantes de Cisjordania a su llegada pueden ser el cónyuge, hijo o pariente de primer grado de un palestino en Cisjordania, un empresario o inversor, un periodista acreditado por las autoridades israelíes o aquellos que presenten «circunstancias excepcionales», como trabajadores humanitarios.
HRW aclara, no obstante, que estas normativas no se aplican a los extranjeros que buscan visitar la Jerusalén Este ocupada por Israel o los asentamientos israelíes en Cisjordania, que son ilegales según el Derecho Internacional Humanitario.
En su lugar, deben obtener un visado de entrada israelí para ingresar a estas áreas.
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La ONG ha entrevistado a 13 personas que han alegado «importantes obstáculos burocráticos» para permanecer de forma legal en Cisjordania, dificultando así que extranjeros enseñen, estudien, trabajen como voluntarios o vivan en Cisjordania.
HRW relata el caso de una empresaria estadounidense, cuyo nombre no ha trascendido por motivos de seguridad, casada con un palestino que llevaba viviendo en Cisjordania durante más de una década y que tuvo que abandonar a sus hijos pequeños y quedarse en el extranjero durante varias semanas después de su visado fuese denegada.
«Un Ejército de ocupación no tiene por qué determinar qué profesores están calificados para enseñar en las universidades palestinas, impedir que los defensores de los Derechos Humanos interactúen con la población ocupada o separar cruelmente a las familias», ha sentenciado Goldstein.
Por todo ello, ha pedido a Estados Unidos y a los distintos países de Europa que presionen a las autoridades israelíes con el objetivo de que sea «más fácil» construir «conexiones significativas» con las comunidades que viven en Cisjordania
