Con cinco semanas ya de movilizaciones sin solución, la Defensoría del Pueblo expresó este martes su preocupación por la escalada del conflicto entre el magisterio urbano y el Gobierno y pidió dialogar para hallar una solución.
“La Defensoría del Pueblo expresa su alta preocupación por el conflicto social generado entre el sector del magisterio nacional y el Ministerio de Educación que, por quinta semana, causa perjuicios en las actividades escolares con marchas y bloqueos de las vías públicas; además de las lamentables bajas de salud de los maestros que sostienen la huelga de hambre”, comunicó la institución.
En tanto, el magisterio urbano cumple la tarde y noche de este martes nuevas marchas en la ciudad de La Paz. A la par, se han instalado piquetes de huelgas de hambre, que ya reportan 15 bajas. El Ministerio de Educación ha hecho ofrecimientos para atender sus demandas, pero para el sector no es suficiente.
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Cinco exigencias movilizan al magisterio urbano: más ítems, mayor presupuesto, realización de un congreso nacional, compensación de la carga horaria para la resolución del “déficit histórico” y suspensión de la aplicación de la malla curricular actualizada.
En respuesta, Educación ha subido su propuesta con 8.000 horas para cubrir el “déficit histórico”, la flexibilización de la aplicación de la malla curricular actualizada y se fijó la fecha para la convocatoria y realización del congreso nacional, donde se pretende abordar el tema del presupuesto y los ítems, con bases técnicas.
DEFENSORÍA
No obstante, nada ha resultado y el conflicto sigue.
“La Defensoría del Pueblo, ante esos hechos, expresa su preocupación; y exhorta al magisterio movilizado y al Ministerio de Educación asumir sus responsabilidades para dar soluciones al conflicto en un diálogo franco, sincero y fructífero que permita encontrar respuestas y evitar más perjuicios a los beneficiarios por el Derecho a la Educación”, se convocó.
El magisterio urbano pretende continuar con las medidas de presión. Ya hace dos semanas establecieron un paro de 24 horas, la pasada uno de 48 horas; para la siguiente semana, se prevé un paro de 72 horas. Al respecto, padres de familia, estudiantes y ahora la Defensoría del Pueblo se expresaron en pedido de hallar prontas soluciones para no afectar el derecho a la educación.
“La institución defensorial pide a las partes encontradas a no ingresar en una escalada conflictiva que pondría en riesgo las intenciones de diálogo; lo que generaría la vulneración de los derechos a la educación de las niñas, niños y jóvenes estudiantes; además de la ciudadanía afectada”, exhortó la Defensoría.
