La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo a la decisión de la fiscal de materia de El Alto, Shirley Elisa Nava Coba, quien determinó no imputar a los sindicados del sindicato de radiotaxi Taxi Sur, acusados de protagonizar agresiones físicas, verbales y racistas contra mujeres transportistas de la Central de Mujeres Productivas y Emprendedoras (Cemupe) durante la inauguración de la línea “Lila”, el pasado 3 de octubre en Ciudad Satélite.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, aunque se reconocieron los hechos de violencia, se concluyó que no existe un nexo causal entre los sindicados y los insultos racistas, y que los certificados médicos forenses no establecen días de incapacidad ni instrumentos contundentes.
La Defensoría advirtió que esta decisión evidencia una falta de investigación exhaustiva y de aplicación de los estándares de debida diligencia, objetividad y enfoque de género y no discriminación.
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Recordó que el caso involucra derechos fundamentales de las mujeres reconocidos en la Constitución Política del Estado y en las leyes 045 y 348, referidas a la lucha contra el racismo y la violencia de género.
En ese marco, la institución defensorial instó al Ministerio Público a profundizar las investigaciones y garantizar el acceso a la justicia sin revictimizar a las agredidas. Además, solicitó un informe detallado al Fiscal Departamental de La Paz sobre el estado del proceso y las medidas adoptadas.
La Defensoría también informó que ha coordinado acciones con el Servicio Legal Integral Municipal de El Alto y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) para asegurar la atención y protección de las víctimas.
En ese sentido, la institución reiteró su compromiso de acompañar y supervisar el caso para evitar la impunidad y garantizar que los hechos sean tratados con la seriedad y sensibilidad que corresponden, conforme a los principios constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.
