Con la omnipresencia de ladrones, cuentistas del tío, secuestradores, loteadores y asesinos al volante, los límites de lo soportable han sido largamente superados en el país. Y para esto ha contribuido la desidia de los gobiernos, dictatoriales y democráticos, todos probadamente incapaces de brindar la seguridad que la población se merece para una convivencia pacífica y sin sobresaltos.
La posta de la improductividad fue tomada por el MAS, que necesitó cuatro años para decidirse a tomar medidas tendentes a atacar la raíz de los problemas de seguridad en las urbes. De no ser ésta una ilusión óptica, parece que al fin existiría compromiso político para impulsar leyes a favor de las víctimas y no, como siempre ocurría, de los que trabajan para la delincuencia organizada.
El viernes 23 de abril, se ha dado un paso fundamental. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de modificaciones al sistema normativo penal, acertado intento de optimizar el marco legal vigente, en cuya efectiva aplicación se cifran las esperanzas de reducir los índices de criminalidad.
Dicen que los delitos en flagrancia serán procesados con celeridad, que aumentarán las sanciones penales para los reincidentes y que los jueces y funcionarios públicos que dicten resoluciones contrarias a la Constitución o las leyes recibirán penas más duras. Está bien, así debe ser.
Dicen que los delincuentes no saldrán de las instalaciones policiales casi al mismo tiempo que sus denunciantes. Ojalá, es lo que esperamos todos.
Eso sí, cuidado con estimular al clásico tropezón en el reduccionismo. Por arte de magia, modificando artículos de los códigos Penal y de Procedimiento Penal, no se solucionarán los grandes males de la sociedad. El carro tiene que ser jalado por efectivos policiales, jueces, fiscales y civiles.
El artículo 9, inciso II, de la Constitución Política del Estado garantiza la seguridad de las personas. No puede ser que la deshonestidad se apodere de las calles, de las carreteras, de los grandes comercios y de las tiendas de barrio como si viviésemos en tierra de nadie. La población está cansada de sufrir atropellos sin que sus gobernantes reaccionen con oportunidad y severidad; por eso, acciones decididas como la que ha emprendido la Cámara Baja merecen un fuerte respaldo para que el Senado y, finalmente, el Órgano Ejecutivo hagan carne de esta urgencia por salvar al país de las garras de la impunidad.
