Quién puede negarle a Potosí todos sus méritos históricos, que sirvieron para sentar las bases económicas, políticas y sociales de la Bolivia de hoy. Cuando este departamento reclama un trato justo, inevitablemente aflora el sentimiento de solidaridad con los hijos de quienes trabajaron duro en la extracción de la plata para sostener no sólo la vida de los habitantes de estas tierras, sino también la de los países europeos.
La dificultad de abrir un espacio de diálogo, en un país como el nuestro, tan acostumbrado a las medidas de presión antes que a buscar el entendimiento de manera civilizada, ha vuelto a quedar en evidencia a lo largo del conflicto potosino, que involucró también al pueblo orureño. Que sirva este paro cívico para aprender de la experiencia y no repetir los errores.
Por la reivindicación de los recursos naturales, precisamente, giraron las demandas regionales, que han dejado al país de nuevo expuesto a la desunión entre hermanos bolivianos.
Las declaratorias de paro cívico, las huelgas de hambre, los estados de emergencia y de movilización permanente, en el marco de una constante: el ser aguerrido, el estar siempre en pie de lucha, contrastan con el sacrificio de grandes sectores de las poblaciones involucradas que, al enfrentarse a la realidad de la escasez de alimentos por el cierre de los mercados y la paralización total de los comercios, deben sobrevivir como pueden junto a sus hijos y adultos mayores.
Esas penurias no tendrían que pasar desapercibidas jamás entre los dirigentes de este tipo de movimientos de protesta. Tampoco se puede desvirtuar el valor de la vida señalando, como se le escuchó decir a un activista potosino, que «si tenemos que morir de hambre, tendremos que morir».
Más allá de lo razonable de los pedidos, el encaprichamiento de que las autoridades nacionales llegasen sí o sí a Potosí para negociar se constituyó en una muestra de intransigencia e irresponsabilidad, considerando que el propio pueblo potosino estuvo padeciendo las consecuencias negativas de un paro de más de una semana.
En el otro frente destacó la paciencia demostrada por el Gobierno, bien representado por el ministro Romero. Sin embargo, también la actual administración gubernamental debe aprender de esta lección. Quedó claro que el problema excedió a la supuesta defensa del alcalde Joaquino, como se acusó desde el Ejecutivo. Llevar las demandas legítimas de un departamento a ese extremo sólo sirvió para caldear los ánimos y agudizó las medidas.
El Gobierno, a su vez, chocó con la intransigencia de dirigentes que terminaron eclipsados por sus bases, con el conflicto lejos de sus manos.
Potosí, se diga lo que se diga, se excuse lo que se excuse, es una realidad lacerante que duele como bofetada de pobreza.
