El presidente Morales, en su discurso del pasado 6 de agosto, señaló al contrabando como una debilidad institucional. Una vez identificado el problema, se espera que sea encarado con seriedad, en busca de soluciones definitivas y no, como se hizo hasta ahora, con medidas paliativas o directamente con desidia.
La experiencia en Bolivia dicta que la rigidez de las leyes suele contrastar con la flexibilidad a la hora de llevarlas a la práctica. Esto debe cambiar, necesariamente, para que lo escrito en la norma sea provechoso y no un derroche de palabras inútiles.
Según el Ministro de Economía y Finanzas, las mercaderías que ingresan sin pagar impuestos generan entre 1.000 y 1.500 millones de dólares al año; alto precio del desempleo y de la actividad informal.
El contrabando se renueva permanentemente. Al ser algo prohibido, sus actores tienen que ingeniárselas para burlar la ley. La Aduana Nacional ha detectado cinco modalidades a las que apela la delincuencia para lograr su objetivo: vehículos que van por delante de los camiones para alertar de la presencia policial; transbordos; distribución de productos ilegales por flotas; contrabando «hormiga»; y la ayuda que reciben los contrabandistas de comunidades rurales.
«Hecha la ley, hecha la trampa», dice el refrán. La pregunta es: ¿cómo se hará para que los encargados de aplicar la ley no pasen vergüenza en las fronteras al verse en inferioridad de condiciones respecto de los contrabandistas? A la valiosa tecnología, que ya se ha empezado a utilizar, tendrá que añadirse una política aduanera integral, que incluya rigurosos mecanismos de control y fiscalización de productos ilegales en el mercado interno.
Mercados negros, comercio informal, falta de tributación impositiva en desmedro de la actividad legal… Todo esto trae aparejada la mala costumbre de comprar sin factura, más barato —no demasiado, quizás apenas 5%— pero perjudicando al resto de los bolivianos que pierden la oportunidad de beneficiarse con ese impuesto a través de la aplicación de políticas estatales.
Qué bueno que los contrabandistas y funcionarios públicos involucrados en este delito ahora sí vayan a terminar en la cárcel. Pero ojalá que la ley surta un efecto pleno porque mientras la mercadería ilegal siga ingresando con impunidad, hacer empresa en Bolivia se pondrá cada vez más cuesta arriba y, entretanto, las prisiones no darán abasto para tanto recluso.
