En semanas consecutivas, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo coincidieron en identificar a la Policía como la responsable de lo sucedido en el norte de La Paz, donde, además de las muertes de David Calizaya Mamani y Fidel Mario Hernani Jiménez, hubo un saldo de 29 heridos. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, con mayoría oficialista, dispensó de culpa tanto al ministro Llorenti como a la institución del orden.
Llorenti reconoció que él dispuso la intervención policial y que, si no lo hacía, ahora se estaría hablando de una «masacre fratricida», lo cual suena altisonante. El comandante general de la Policía, Óscar Nina, se mostró extrañado de que en dichos informes no se mencionara a los policías heridos ni se consideraran aspectos como que se hubiera podido originar un enfrentamiento entre pobladores y cooperativistas mineros y colonizadores, o —un tanto exagerado él— que hubiera gente con riesgo de morir de inanición.
En aquellos días de mayo, la Policía actuó para desbloquear una carretera donde manifestantes de Caranavi demandaban la instalación de una planta de cítricos en su municipio y no en Alto Beni. Según el informe del defensor Rolando Villena, en ese operativo los policías «vulneraron la dignidad de las personas (y hubo) aprehensiones indiscriminadas, uso excesivo y desproporcional de la fuerza, intimidaciones y amenazas, trato inhumano y degradante de los detenidos, ingreso arbitrario a domicilios sin autorización del propietario y uso excesivo de gases lacrimógenos».
Derechos Humanos señaló que «el Gobierno sigue siendo el principal transgresor de las libertades y derechos fundamentales de los bolivianos. En el caso de Caranavi se utilizó la fuerza para desbloquear, desechando el diálogo, lo que hubiera evitado la muerte de dos jóvenes».
La reacción presidencial tiene dos partes, una positiva y otra negativa. Fue honesto de su parte reconocer como institucional la orden de desbloquear; por otro lado, más sensato hubiera sido esperar que concluyeran las investigaciones de la Fiscalía, antes de dar un respaldo cerrado a Llorenti, cuestionado inclusive por movimientos sociales.
Lo mejor será no adelantarse ni tratar de salvar a nadie anticipadamente, mientras se desarrollan las averiguaciones que ojalá sean a fondo para dar con los responsables de las muertes de Hernani y Calizaya en Caranavi.
