«No hagan despertar al monstruo que está durmiendo», amenazó el mallku Simón Colque, en representación de nueve ayllus del Norte de Potosí, implicados en el espeluznante crimen de cuatro efectivos policiales que se registró a fines de mayo en Saca Saca (Uncía). También dijo que «en 100 flotas o en 50 flotas los ayllus guerreros nos vamos a lanzar a la ciudad de Potosí».
Este señor, que de esa flagrante manera incitó a la violencia en días pasados, es el mejor ejemplo de que las autoridades responsables de mantener el orden público se movilizan de acuerdo con las conveniencias políticas antes que por lo que manda la ley.
Son los ayllus en el país de los amenazadores, donde los amenazados importan poco y nada. Otra muestra de la alarmante falta de Estado en determinadas situaciones, lo cual convierte a cada vez más espacios geográficos en tierra de nadie y actualiza la frase trillada pero cierta: «la justicia brilla por su ausencia».
¿Tan fácil es pedir la destitución de fiscales en Bolivia? ¿Y a título de qué? Hoy, el pretexto se llama ‘justicia comunitaria’, bajo el argumento de que la justicia ordinaria debe coadyuvar con ella.
En cuanto al Estado, en algunos casos hay falta de autoridad, entonces adolece de capacidad de reacción y se muestra débil. En otros, el Gobierno parece actuar con exceso. Lo ideal sería encontrar el equilibrio y llevar adelante una gestión sin abusos pero tampoco permisiva.
La reacción del fiscal general Mario Uribe, ante la advertencia de los ayllus potosinos acusados por una parte de la opinión pública de ser cómplices de asesinos, contrabandistas y narcotraficantes, se caracterizó por su firmeza y oportunidad. Dijo que no cederá al capricho de los amenazadores de turno.
Para este viernes se ha anunciado otro cabildo del sector, que permanece en alerta al sentirse amenazado por los investigadores: de amenazadores a amenazados. Claramente, estamos en presencia de grupos que buscan imponer su propia ley, pisoteando la que se aplica para todos los bolivianos. ¿La fuerza de los movimientos sociales, ligados al partido de Gobierno, se impondrá frente a la institucionalidad vigente en el país?
¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Dónde quedan, con este tipo de actitudes, los derechos y deberes de los ciudadanos? Alguien tiene que poner orden y evitar que la anarquía de unos triunfe sobre la voluntad democrática de otros.
