El ministro Julio Ortiz está en la cuerda floja y su salida de la presidencia de la Corte Suprema sería cuestión de horas. Salvo uno de sus colegas, todos le han retirado su apoyo. Él lo ha negado pero, según lo comentado en los pasillos y luego asegurado por la magistrada Beatriz Sandóval, antes de irse habría puesto como condición que le dejen recibir una condecoración en los actos por el bicentenario del primer grito libertario de su natal Potosí. Lo último que se supo es que los ministros habrían aceptado el supuesto pedido de Ortiz y éste, de concretarse el tácito acuerdo, renunciaría a la presidencia el 11 de noviembre.
Los detractores del todavía presidente le reprochan por una presunta mala gestión. Él se defiende señalando una amenaza a la institucionalidad del Poder Judicial y calificando de ilegal la pretensión de acortar su periodo de mandato. Que no ha gestionado recursos para contratar más abogados asistentes y resolver las miles de causas pendientes en la Suprema; que no ha logrado financiamiento externo para varios proyectos, dicen aquéllos.
Entre las observaciones también se cuenta una presunta inacción de Ortiz respecto de la transición del antiguo Poder al actual Órgano Judicial. A partir de la elección por voto directo, los ministros deberán coordinar con la Asamblea Legislativa al menos 200 leyes para avanzar en la transformación de la justicia sobre la base de la nueva Constitución Política del Estado.
Los magistrados —cinco de los cuales designados por decreto en febrero de este año— tenían que dejar sus funciones en diciembre, pero, debido a la falta de vocales electorales, se incumplirá lo dispuesto por la norma y ellos continuarían hasta mediados del 2011, tiempo estimado para la realización de las primeras elecciones de autoridades en la historia de este poder del Estado.
Parte de la oposición ha criticado esta postergación y el oficialismo ha dicho lo suyo también, contaminándose de nuevo la discusión acerca de este órgano, por apariencia geográfica, alejado del poder político del país. Un órgano, por lo demás, acostumbrado a las crisis: el TC estuvo más de dos años paralizado y el Consejo nunca vio con buenos ojos el tener que compartir la presidencia con sus vecinos de la Suprema. Turbio panorama, como se ve. Y se anuncian más nubarrones sobre la capital. Lo que pueda cambiar el próximo año, con las elecciones, es de pronóstico todavía reservado.
