Resulta increíble que los pocos avances evidenciados con miras al esclarecimiento de este caso se deban a factores externos, como por ejemplo las declaraciones del ex embajador de EEUU en Bolivia, David Greenlee, quien el pasado mes reveló que el traslado y la desactivación de los misiles en cuestión se concretaron por orden de las FFAA y sin el consentimiento del entonces presidente Rodríguez.
Esas afirmaciones fueron tomadas con pinzas por el Gobierno, que considera que podrían deberse a un artificio para librar de responsabilidades a Rodríguez. Sorpresivamente, porque el presidente Morales pone ahora en duda la actuación de su ex colega, olvidando que hace un par de meses había expresado en público que «yo sigo convencido: al compañero, al doctor Eduardo Rodríguez Veltzé, le engañaron».
Actitudes ambiguas como éstas cubren con un manto de incertidumbre este caso de por sí complejo y, además, no dicen nada bien de la seriedad del Gobierno. Para completar la historia, precisamente Morales fue quien pidió, en su calidad de candidato, un juicio de responsabilidades para Rodríguez y otras ex autoridades militares.
«Ahora China tiene mucha desconfianza en cooperarnos», dijo hace poco el Presidente, cuyo gobierno está en deuda con la sociedad en este tema. La justa preocupación presidencial por la pérdida de confianza de Beijing no se refleja en el impulso que se esperaba de la diplomacia boliviana para con EEUU en el conflicto de los famosos misiles asiáticos.
Bolivia, durante el corto periodo de gobierno de Rodríguez, elevó el 2006 una protesta diplomática ante Greenlee con el propósito de desenmarañar la espinosa operación de su país en el caso de los misiles. Pero han transcurrido casi cinco años de aquella gestión y no se advierte interés alguno en proseguir con el trámite que impulsó el ex mandatario recordado por su aporte a la preservación de la democracia en la crítica coyuntura que se vivió el 2005. Por otra parte, la Asamblea Legislativa Plurinacional nunca se pronunció sobre el referido juicio.
Ahora, da la impresión de que más por la presión de la prensa —La Razón ha avanzado en el seguimiento de documentos, como seguramente podría hacerlo el Gobierno con más posibilidades de acceso a pruebas—, se habla de incluir a más personas. Pero, por qué no se avanza en las investigaciones.
Las FFAA cuestionadas hasta por traición a la Patria, tendrían que ser las más interesadas en esclarecer este caso.
