Situaciones desesperantes requieren de medidas desesperadas. Tal la lógica que respalda la medida impulsada por el Concejo Municipal de La Paz en el tema de las zonas de riesgo que los vecinos se niegan a abandonar, contra toda previsión.
La Ley de Riesgos, cuyo reglamento debe ahora trabajarse, autoriza a la fuerza pública el desalojo de los habitantes de viviendas en zonas a punto de deslizarse. Y la ciudad no tendrá por qué compensar a los propietarios de tales inmuebles construidos en zonas no autorizadas.
La medida puede parecer —y de hecho es— muy dura. Pero, considerando la imprudencia de mucha gente que edifica sin control, que alquila esas viviendas o las da en anticrético para luego desentenderse si hay un desastre, no queda más remedio. La norma, en su rigidez, probablemente desanime a los loteadores e inclusive a vecinos que con la mejor voluntad construyen donde no deben.
De esta manera seguramente la ciudad se evitará desastres que en el pasado no sólo han dejado gente sin techo, sino que han costado vidas humanas. En el seno del Concejo se ha escuchado alguna voz en desacuerdo, pero sin que ésta plantee remedios a un mal que se multiplica. La Ley de Riesgos es una salida que merece el respaldo.
