En otros años, la política y la economía, con sus antipáticos coletazos, solían darnos una conveniente pausa de fin de año. El anuncio del efímero Decreto Supremo 748 alteró la paz que trae consigo la Navidad y la posterior abrogatoria, si bien devolvió el alma al cuerpo, como se dice vulgarmente, dejó una ristra de conflictos junto a la reedición del agio y la especulación.
Si esta agenda fuera poca, para el gremio periodístico ha sido y es particularmente sensible cualquier normativa referida a su trabajo. La Ley 045 contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación ha sido el campanazo que alerta sobre el rigor con que el Gobierno pretende ejercer el control de los discursos públicos. Bien por el propósito de erradicar la expresión racista y discriminadora, pero lo que cuestionan los sectores críticos es más bien el método que se aplicará para lograrlo.
Ahora, ya es oficial, a la polémica ley antirracismo se sumará este año la Ley de Medios, tercera fase de un interminable debate que enfrentará, previsiblemente, al Gobierno con sectores de la prensa nacional.
Con la Ley de Medios, el MAS pretende reemplazar a la veterana Ley de Imprenta, toda una institución de la legislación boliviana y «patrimonio» del gremio periodístico, cuya desaparición seguramente provocará una controversia innecesaria. Esto debe ser discutido entre todos los sectores involucrados, reconociendo, de inicio, que es conveniente una completa actualización de la antigua ley sin que eso signifique hacer con ella borrón y cuenta nueva.
La obsolescencia de la Ley de Imprenta no está en discusión, mas esto no significa que deban desconocerse sus principios rectores para la libertad de prensa. El Gobierno ha dicho que buscará pasar «de la galaxia de Gutenberg a la era de Bill Gates», y enhorabuena; ojalá procure y logre el consenso que le faltó para la ley antirracismo.
De su lado, periodistas y propietarios de medios se aprestan a fijar sus respectivas posturas, y algunos han adelantado su rechazo a la sustitución de una ley por otra. Sólo cediendo posiciones se podrá llegar a un acuerdo que beneficie a la sociedad y no únicamente a unos grupos, y esto deben comprenderlo todas las partes.
En definitiva, que la ley, y su discusión, no sólo beneficie a la prensa y al Gobierno, sino sobre todo a oyentes, televidentes y lectores, pues a ellos se debe el trabajo cotidiano de los medios de comunicación.
