Y no sólo es importada la fruta que llega a las mesas de La Paz y El Alto, también lo son la papa, la cebolla y la zanahoria. La explicación más evidente de este problema está en que la producción nacional de estos alimentos no alcanza para satisfacer la demanda en los mercados del país. A esta explicación debe añadirse, por un lado, que al menos en la última década, la vocación productiva de muchas tierras ha sido cambiada en las tierras bajas para producir oleaginosas o expandir la ganadería y en las zonas subandinas para cultivar hoja de coca, en ambos casos sacrificando la producción de alimentos nativos.
Por el otro lado, se tiene que, en la más elemental lógica de mercado, los comerciantes de alimentos buscan satisfacer la demanda en los términos más favorables para ellos, lo que implica importar aquellos productos que escasean, lamentablemente en la mayor parte de los casos por vías irregulares, cosa que impide además un efectivo control de su calidad.
Las autoridades encargadas del desarrollo rural y de la producción de alimentos reconocen la existencia de un activo comercio de productos alimenticios de origen extranjero, pero al mismo tiempo minimizan su impacto en el conjunto de la oferta de alimentos y afirman que el país no sólo tiene garantizada su seguridad alimentaria, sino también su soberanía en esta materia. Sin embargo, esta afirmación puede ser discutida a la luz de las estadísticas que muestran significativos incrementos en los volúmenes de papa, frutas, aceites y azúcar importados.
Tan evidente es esta situación que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) fue creada precisamente para revertir ese estado de cosas a través de una activa intervención del Estado en esa área estratégica. No obstante, como hemos señalado antes en este mismo espacio, asignarle a Emapa tareas ajenas a su mandato, la obliga a distraer sus esfuerzos, además de confundir a la población, que asocia el nombre de la empresa no con la producción sino con la comercialización de alimentos en condiciones conflictivas, como ha sucedido ahora último con la crisis del azúcar.
Todo lo señalado muestra un panorama preocupante, pero también una oportunidad que pocos gobiernos en la historia boliviana han sabido aprovechar: la de cambiar estructuralmente la producción y distribución de alimentos. La institucionalidad está creada, hoy toca hacerla funcionar del modo más eficiente posible.
