Es evidente, quien no puede recibir atención en salud está expuesto a que sus dolencias se agraven y, consecuentemente, se ponga en riesgo hasta su vida. No será la mayoría de los casos, pero basta con que una sola persona padezca este extremo para demostrar la validez de las palabras de la ministra.
Otro ejemplo, aún más dramático, es el de Santa Cruz, ciudad afectada por un rebrote de la epidemia del dengue y cuyas víctimas no pueden acceder a un tratamiento oportuno en los nosocomios de la aseguradora estatal, debido a que, previsiblemente, los servicios de emergencia están colapsados tanto por la afluencia de personas afectadas por la enfermedad cuanto por el hecho de que son los únicos que están atendiendo a la población asegurada.
El motivo del paro, al igual que ya ocurrió con las universidades públicas, es la disposición contenida en la Ley Financial de este año, en sentido de que todas las instituciones estatales están obligadas a transparentar su gestión financiera a través de la inscripción de sus cuentas bancarias como fiscales y, por tanto, sujetas a los sistemas de control del Estado. Lógicamente, los trabajadores, particularmente administrativos, se oponen a esta fiscalización y apelan a la autonomía de que debiera gozar la institución.
Por si ese motivo no fuera suficiente para justificar el paro, los trabajadores movilizados también han señalado que la protesta incluye su oposición al proyecto de Seguro Universal de Salud que, ellos mismos lo reconocen, puede depauperar aún más la calidad del servicio en los centros de salud de la Caja. Y todavía hay más, pues también han decidido sumarse a la protesta de la COB en contra del incremento salarial del 10%, pese a que los dirigentes han explicado que es difícil exigir más calidad o compromiso a médicos y enfermeras que ganan salarios ínfimos.
Considerando que no son precisamente virtudes las que caracterizan a la Caja Nacional de Salud, pese a que es la más importante gestora de seguridad social del país, escaso o nulo ha sido el apoyo popular a sus demandas y movilizaciones, situación que sólo tiende a agravarse con cada nuevo paro.
Es por todas estas razones que la intervención a la Caja, anunciada por la Ministra de Salud meses atrás, es aguardada con gran expectativa, pues toda actitud que implique afectar el derecho a la salud de las personas tiene, en el fondo, una connotación criminal que debe ser evitada.
