El Gobierno japonés ha prohibido ingresar a la zona destruida por el tsunami, y la población está cumpliendo a cabalidad tal disposición. En La Paz, el municipio ha vedado el asentamiento en las áreas afectadas por el megadeslizamiento hasta la conclusión de los estudios geológicos en proceso, cuyos resultados podrían modificar tal decisión. No obstante, miles de familias no sólo han regresado al lugar, sino que además exigen la restitución de los servicios básicos.
Son dos escenarios similares (no proporcionalmente) pero que ponen en evidencia dos culturas bastante disímiles. En Japón, la gente acata las disposiciones por el respeto hacia las normas y sus compatriotas que se halla profundamente arraigado en su cultura. En La Paz, los comunarios se pasan la resolución municipal por las narices. Y esta actitud conlleva no sólo problemas de gobernabilidad sino también riesgos de cuidado, como la intención de instaurar un estado dictatorial para hacer cumplir las normas; sin duda, uno de los peores escenarios que se podría dar en el país, pero que sin embargo no termina de ser erradicado en el imaginario nacional, sobre todo entre aquellos que nunca han vivido de cerca una dictadura. Por eso, es responsabilidad de todos defender la democracia, y esta defensa pasa por el respeto de la ley.
